La raíz etimológica de exilio conduce a “destierro”. Éste puede ser interno o (generalmente) externo y está determinado por presiones directas o indirectas que los gobiernos ejercen sobre individuos o grupos, en razón de acciones, ideas o confesiones, comprometiendo su arraigo.
Se asocia “exilio” a “sanción”. De Adán y Eva para acá, las formas son variadas pero las causas y consecuencias, más o menos, son las mismas. Afirmada la sanción, la civilización agregó la protección, naciendo la noción de asilo. Las causas de exilio son más generales; las de asilo son acotadas e importan el amparo a partir de la vigencia de instrumentos de derecho internacional e interno.
Las tradiciones occidentales en materia de exilio y asilo son muy anteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo, donde aparecen en la Independencia y se desarrollan al consolidarse los estados-nación. En aquel tiempo la circulación entre jurisdicciones americanas adolecía de superlativas dificultades logísticas, las fronteras entre países eran difusas y resultaba más nítida la idea de exilio cuando el destino alcanzaba otro continente. Pero al promediar el siglo XIX, ya era común que ante las circunstancias políticas imperantes en cada coyuntura, apareciera el fenómeno de la denigración, persecución y expulsión a un país extraño, con etapas de “desexilio” posteriores.
En la actual República Argentina, cada etapa tuvo sus exiliados, algunos ilustres, otros anodinos. Emblema de los primeros tiempos patrios será el propio José de San Martín (Francia, desde 1824); andando el camino, el Estado Oriental del Uruguay (desde 1830) albergará o será escala de expatriados (como Chile, Bolivia o Brasil). Con Juan M. de Rosas (desde 1829 a 1831, y desde 1835), emigran los primeros unitarios, incluido Bernardino Rivadavia; se sumará -casi completa- la “generación del 37”, con Juan B. Alberdi, Domingo F. Sarmiento, José Mármol, Esteban Echeverría y otros. Conservadores del interior como Salvador M. del Carril o José M. Paz, porteños como Bartolomé Mitre o los Alsina (Valentín y Adolfo) también residieron en Montevideo hasta Caseros (1852), regresando muchos de ellos tras la victoria de Urquiza (varios aportando a la constitucionalización en 1853 o a los gobiernos nacidos entonces). Aunque el entendimiento entre la Confederación y Buenos Aires tardase otros diez años en concretarse e insumiera dramáticos acontecimientos políticos, militares o diplomáticos y, nuevamente, exilados, comenzando por Rosas (en Inglaterra). Tampoco la presidencia Mitre (1862) o las siguientes, mucho menos la “organización nacional” desde 1880 terminaron con los exilados (en Uruguay se exilaron por caso, Ricardo López Jordán o Felipe Varela).
Nada cambia
Entre siglos, el orden conservador incorpora el destierro de inmigrantes que portaban ideas socialistas, anarquistas o impulsores de gremios, mediante la aplicación de herramientas legales (residencia, paz social, etc.). Tras el golpe de estado de Uriburu (1930), muchos radicales conocieron el exilio interno (confinados en Santa Cruz) o el externo, predominantemente en Montevideo. En la década siguiente, encontramos exilados reales y autopercibidos (radicales, socialistas, conservadores) en países limítrofes, en especial la capital uruguaya desde 1943/44, donde ejercieron actividad proselitista durante la campaña previa a la elección de Perón entre 1945-1946 (impulsando la idea de conformar la Unión Democrática, entre otras iniciativas).
Iniciado el decenio justicialista, la cerrazón oficialista y la intransigencia opositora mantuvieron la tensión. Con nuevos emigrados, se potenció el accionar opositor en Montevideo. Los aviones que formaron parte del frustrado golpe militar de 1952, aterrizaron en Uruguay, como también los que bombardearon la Plaza de Mayo en junio de 1955: en este caso, sus tripulantes encontraron apoyo para sostenerse económicamente hasta que pudieron regresar tres meses después, derrocado Perón. El primer embajador en Uruguay de la autollamada “Revolución Libertadora” fue el otrora exilado socialista Alfredo Palacios.
Justo es destacar que muchos desterrados vinculados al justicialismo tuvieron entonces su oportunidad de aprovechar la generosidad de un país abierto al refugio por causas políticas: tradicionales como Juan Cooke (padre), Rodolfo Decker o Vicente Mercante, combativos como John W. Cooke, Alicia Eguren o Pablo Vicente, conservadores populares como Vicente Solano Lima, forjistas como Arturo Jauretche, artistas como Nelly Omar, entre tantos otros.
En épocas más recientes, el onganiato, el gobierno de Isabel Perón o la dictadura 73-76 también persiguieron y expulsaron. El “amaneciendo en Montevideo” que canta Litto Nebbia en “Nueva zamba para mi tierra” es un himno del destierro. Científicos (como Manuel Sadosky) artistas (como Norma Aleandro), entre miles, siguieron esa ruta para terminar en destinos europeos o americanos (particularmente México). Muchos lo hicieron de manera clandestina. Uruguay participaba de la Operación Cóndor con las dictaduras argentina, chilena, boliviana y paraguaya.
No hay asilo
A cuatro décadas de recuperada la democracia, un resonante caso vuelve la atención sobre estos temas. Un abogado argentino, Fabián Rodríguez Simón, vinculado al macrismo, está imputado por graves delitos, con captura emitida por Interpol y rebelde de la Justicia nacional. Se fue a Uruguay hace más de 800 días. En ese país se sigue desempeñando (representando al PRO) como diputado del Parlasur (función que no requiere residencia).
Rodríguez Simón vivía, hasta ser descubierto por la prensa argentina, en Punta del Este. Tramitó un asilo por ante la Comisión de Refugiados de Uruguay, que rechazó el pedido. Insistiendo en que la exigencia a comparecer reclamada en Buenos Aires es persecución política, llevó su caso a la justicia oriental, con fallos adversos en primera y segunda instancia, aguardándose el pronunciamiento de la Suprema Corte. En estos días, el ex Director de YPF y presunto integrante de la llamada “mesa judicial del macrismo”, al que muchos “offs” señalaban como un hombre formado y temible, se habría mudado nuevamente de domicilio.
Rodríguez Simón alega un móvil político, pero en Argentina no lo persigue el gobierno. Ha pedido su captura un tribunal que investiga si en tiempo de ejercer funciones públicas, abusó de su poder, perjudicó a personas o manipuló situaciones de un modo vedado por las normas jurídicas.
Caso no comparable con quienes, de fuste o desconocidos, se fueron del país para pensarlo mejor, como decía Alberdi, o quienes, por defender ideas, han debido partir sin certeza alguna, algunos para no volver jamás, o hacerlo a medias.
Lo repetimos: Rodríguez Simón es un prófugo, no un exiliado. Que quede claro.
