Adolfo Rubinstein, vice-ministro de economía dijo “la culpa del desorden no la tienen las empresas. Aunque haya abusos normativos y corrupción”. Cuando escribo esto decenas de notas lo cuestionan moralmente, por lo que no lo analizaré desde esa perspectiva, sino desde la ciencia y la sostenibilidad.
Se sabe que la gravedad no es una fuerza, sino un campo en el que todas las cosas con masa en el universo se atraen, y donde hasta la luz es afectada. Por lo que los científicos están buscando crear burbujas de anti gravedad en las que se pueda viajar a más velocidad que la luz, que tiene un límite en un campo gravitacional, pero que no lo tendría fuera de él.
La ley de evolución de las especies, que implica la supremacía de algunas por sobre otras, existe y es verdad, por lo que se protegen especies en vías de extinción y, la humanidad ha decidido no deshacerse de sus miembros físicamente más vulnerables –niños, ancianos y discapacitados- creando un campo en que la ley darwiniana no se cumple.
En la economía, la ley de oferta y demanda es verdad y en su estado puro se producen efectos en donde lo que dice Rubinstein es cierto, pero en el que también se destruyen empresas más pequeñas, sus trabajadores, el mercado del que viven y/o los gobiernos que la sostengan en un campo de fuerzas que favorezca su absolutismo.
El ejemplo más claro ha sido el anterior gobierno, que liberó la competencia a la ley de oferta y demanda creando un campo en el que a los agentes económicos y financieros, podían decidir sin límites –dolarización, libre entrada y salida de capitales- y se destruyó a sí mismo. Llevada al extremo de sus posibilidades la ley de oferta y demanda permitiría –como afirmó Milei- que algunas personas vendieran sus miembros u órganos, si obtienen el dinero suficiente.
Por ello los Estados buscan regular el campo social, económico y ambiental, rediseñándolos de modo que en ellos no se cumpla a rajatabla la ley de oferta y demanda, a sabiendas que existe.
Desde su cargo público Rubinstein debiera conocer las necesidades y los límites de su función y la necesidad de rediseñar esos campos, de modo que lo que le parece inexorable, no lo sea –o sea ganancias extraordinarias, etc.-.
En especial su jefe político no puede distraerse si tiene ilusiones sobre su futuro, si solo se dedica a acumular reservas, generar un superávit fiscal y unificar el mercado de cambios en el marco de los acuerdos con el FMI –lo que también es necesario-, que fue lo que hizo Néstor Kirchner en sus primeros años y no rediseña el campo de fuerzas al que hoy está sometido. CFK tampoco puede limitarse a forzar ayudas directas a desocupados o trabajadores precarizados, sino también debe intervenir para que se cambie ese campo de fuerzas con el que su gobierno y el de su marido han convivido, viendo cómo se concentraba y extranjerizaba, en las mismas empresas y medios que hoy dice combatir.
Si como en aquella oportunidad, no se ataca la concentración empresarial, que les permite extorsionar gobiernos o inclusive imponer a sus candidatos, no habrá para el pueblo argentino posibilidad alguna de resurgir de las cenizas y cualquier gobierno estará sometido a los arbitrios de la ley de oferta y demanda y sus beneficiarios.
Desconcentrar y nacionalizar no es fácil, mucho menos en un mundo en donde los capitales tienen libre circulación –ni EEUU, ni la UE lo han logrado-, y no es suficiente restringir libertades de los grupos concentrados, si no se promueven modelos de gestión alternativos que puedan reemplazarlos con éxito. Parece teórico, pero no lo es. Sobre todo, si somos capaces de ver lo que está ocurriendo en muchos lugares en donde pequeños productores, trabajadores y consumidores se están auto organizando para producir y especialmente para abastecerse a sí mismos, intermediando entre empresas lucrativas y los trabajadores-consumidores.
No es casual que las Obras Sociales, el mercado cooperativo de seguros y la intermediación financiera a través de mutuales sean las entidades más atacadas por las empresas concentradas, que no han logrado hacer pie en el país en esas actividades. Así como empresas controladas por el Estado –por ejemplo, YPF- o sus agencias –el sistema jubilatorio- evitan los excesos privados visibles en otros países, siempre que se sostengan en base a eficiencia y eficacia, lo que obviamente no siempre ocurre.
También en el mercado de los medios de difusión masivos, que se sostienen con una pauta publicitaria oficial concentrada en ellos, e impiden el ingreso de nuevas voces, aun cuando esa parte de la ley SCA –promulgada en 2009 por los miembros del FdT- continúa vigente.
Toda esa regulación de los contratos de trabajo, jubilaciones, régimen impositivo, servicios de comunicación audiovisual, protección de las empresas de arraigo nacional, etc. implica regular los mercados, construyendo un campo de fuerzas que impida el reinado de la ley de oferta y demanda sin restricciones, permita la intervención directa de la sociedad civil organizada y una verdadera competencia.
Está claro, que Rubinstein es sólo un funcionario técnico de segunda línea que desde su visión se expresa sin tapujos. De sus jefes políticos depende que las políticas públicas cambien la situación actual y configuren un sistema sostenible.
