En medio de una aguda crisis argentina, nuevamente, este Gobierno evalúa algunas medidas para “ayudar” a la cooperativa láctea Sancor, negando así la dura realidad que atraviesan jubilados, docentes o médicos residentes; con toda irracionalidad e inequidad, escondiendo a la postre especulaciones políticas electorales de baja estofa ante una inflación, pobreza e indigencia que agobian y empobrecen a los argentinos en su conjunto.
Efectivamente, el pasado 2 de noviembre -día de los muertos- el ministro de Economía Sergio Massa convocó a una reunión en la cual se evaluaron alternativas para oxigenar a la otrora líder empresa láctea nacional, pero sin ir al fondo del deficitario dilema empresario-sindical. Exigir el pago de una deuda millonaria en dólares a Venezuela y la gestión del refinanciamiento por evasiones impositivas ante la Afip u otras, fueron los aspectos en cuestión, meros placebos que en modo alguno alcanzan para rescatar a la empresa del abismo insondable que este mismo Gobierno (a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes), la propia Cooperativa y el sindicato del rubro (Atilra), con sus ineficiencias y omisiones -irresponsable e impunemente- habrían sumido a la misma.
Disponiendo legalmente de tantos recursos cooperativos auténticos para aplicar en Sancor -como la permanente facultad para incrementar su capital genuinamente, la emisión de obligaciones negociables, asociarse con personas de otro carácter jurídico y/o de conformar cooperativas de exportación- el nunca concretado fideicomiso ‘salvador’ (¿estatal o mixto?) no es una salida ni cooperativa ni sustentable en términos legales.
Conforme la propia naturaleza cooperativa, son inadmisibles inversores nacionales o internacionales imbuidos naturalmente de todo mercantilismo; verdadero antónimo del espíritu cooperativo del no intermediario, del no lucro.
Ergo, si los propios asociados, únicos propietarios de Sancor, no confían en su cooperativa al negarse a recapitalizarla de su propio bolsillo, ¿por qué habrían de hacerlo ajenos a la misma, o al propio Estado?
Sancor no puede superar una crisis que ya en 2016 le generó pérdidas por poco menos de $ 2.500 millones. Así, mal que nos pese, se fortalece la hipótesis legal de formalizar su propia quiebra cuando adicionalmente, según nuestro derecho cooperativo vigente, no existe ninguna posibilidad legal de transformar a Sancor en sociedad comercial ni asociación civil, como tampoco la de vender parcial ni totalmente la misma a terceros, (arts. 6, 24 y cc., decreto-ley 20.337/73 – Cooperativas).
Como oportunamente señalamos, el descalabro de Sancor es mucho mayor y peor que superar en términos y categoría cooperativa la última e irremontable crisis quinquenal que ha desguazado a una empresa solidaria dejándola en las ascuas del tiro del final.
La cooperativa Sancor se fue desmembrando y derrumbando por pésimas administraciones, burocracias, actos notoriamente extraños a su objeto estatutario y al cooperativismo en sí mismo; mediatizaciones participativas, falta de garantías suficientes y canales cooperativos seguros en su politizada vinculación con Venezuela. Todo ello sin perjuicio de flagrantes y reiteradas omisiones e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos por parte del Inaes, como de presuntas corrupciones y enriquecimientos ilícitos de consejeros, gerentes, síndicos, auditores, asesores, sindicalistas, etc., quienes debieran ser investigados en caso de declaración judicial de bancarrota, cuando serían citados aquellos que en los últimos decenios conformaron sus consejos de administración, sus sindicaturas, etc.
¿Acaso también quedarían involucrados los directivos de la Mutual Sancor, los de Sancor Seguros, de Sancor Salud, con origen en la misma ciudad santafesina de Sunchales e idéntica denominación social?
A todo esto, nos provoca toda suspicacia e indignación que el Inaes nunca jamás declaró irregulares e ineficaces, a los efectos administrativos, los actos de Sancor Cul. (balances, informes de síndicos, de auditores, del Banco Central, de Afip, de Anses), que con frecuencia periódica le fueren sometidos en los últimos 20 años, en tanto fueran contrarios a la ley, el estatuto y reglamento.
Así, una eventual declaración de irregularidad, precautoria, podría haber requerido prudentes y atinadas medidas legalmente previstas, esto es, solicitar la intervención judicial de la cooperativa, sin perjuicio de analizar e impulsar en su caso la recuperación de la empresa por su propio personal, engrosando, enriqueciendo y re categorizando genuinamente el mentado movimiento de empresas recuperadas que, paradójicamente, impulsa y sostiene con políticas clientelares este Gobierno nacional y popular.