Abruman en estos días las nada nuevas noticias sobre el incremento de los precios de bienes y servicios básicos, lo cual genera una indetenible trepada del valor de la canasta familiar.
En lo que resulta de esta desigual lucha por la apropiación de los excedentes, sólidos estudios dan cuenta del crecimiento abismal en las ganancias y patrimonios que las principales y concentradas empresas argentinas tuvieron bajo la pandemia, en continuidad con los años 2015/2019. No hay que decirlo, en medio de ello persisten los más de nueve millones de ciudadanos y ciudadanas víctimas de esta escandalosa desigualdad, a la vez que crece la tensión política en torno a esta cuestión.
Si nos centramos en las fuerzas a las que preocupan -en diverso grado- las condiciones de vida de los trabajadores, las expresiones recorren desde las críticas ya indisimuladas del kirchnerismo a las políticas del Ejecutivo, pasando por las masivas marchas y caravanas de organizaciones sociales de variada inscripción política, hasta el anuncio de la CGT nacional de un posible paro general contra el empresariado por la suba de precios.
En suma, empresarios y Gobierno son considerados responsables de una cruda realidad, cuya resolución no pareciera ser postergable.
La disputa entre el kirchnerismo y la expresión de tintes socialdemócratas que ocupa el Poder Ejecutivo interesa particularmente, en tanto se concentran en ello posibilidades e imposibilidades respecto a la cuestión; algo que se vuelve claro en tanto sus vínculos han dejado de lado los modos “políticamente correctos”, para poner sobre la mesa aquellas cuestiones que los mantienen a distancia. La breve historia de este desencuentro comienza quizás con las negociaciones con el FMI, que llevaron a discontinuar el IFE y la ATP, programas ambos que permitieron dar respuesta durante 2021 a la crisis heredada y a aquella devenida de la pandemia, dando cuenta en un escaso tiempo de la capacidad del Estado para liderar lo que representó una recuperación importante de la economía, del trabajo y de las condiciones de vida.
El inicio de las negociaciones con el FMI vino enseguida a interrumpir este proceso, al suspenderse dichos programas, a la vez que el dilatado acuerdo terminó por erizar las contradicciones, centradas, como hemos mencionado, en las críticas a aspectos nodales de tal negociación: los límites al déficit fiscal, la suspensión en el corto plazo de la atribución del Estado para emitir moneda, la imposibilidad de cumplir con el cronograma de pagos, las periódicas revisiones del Fondo a que quedaban sujetos los desembolsos pactados, entre otros temas.
El Ejecutivo buscará, en este marco, atenuar las crecientes dificultades para gestionar el conflicto en medio de dichas restricciones, a través de incrementos en diversas prestaciones (Potenciar trabajo, Potenciar inclusión joven, Tarjeta alimentar, Argentina hace, etc.), a lo que se agrega el adelantamiento de las negociaciones paritarias y la actualización del salario mínimo, vital y móvil reclamado por una iniciativa del bloque del FdT en Diputados. También se aplico el impuesto a las grandes fortunas y se anunció el aún no presentado proyecto de impuesto a la renta inesperada y el pago de dos meses de una suerte de “Cuarto IFE”. Estas disposiciones traerán un alivio en la situación de esos más de nueve millones de ciudadanos trabajadores que viven en condiciones de indigencia.
No obstante, es clave señalar que se trata de medidas que no definen un horizonte de seguridad para sus destinatarios, en tanto no alcanzan el status de un derecho.
De manera paralela, el Parlamento es sede de una divergencia que se pone en acto, haciendo de la política un espacio para eludir las vallas que han sido impuestas. En efecto, en medio de la disputa discursiva entre las fracciones del oficialismo, el kirchnerismo genera iniciativas. Referimos al proyecto originado en el Senado por el que se establece el pago al FMI a través de una imposición sobre los capitales fugados, a la demanda de anticipar el incremento del salario mínimo vital y móvil pactado para el año en curso, a la creación de un salario básico universal para trabajadores pobres. Tal dinámica parlamentaria interpela no sólo a lo que denominamos fracción socialdemócrata de ese oficialismo, sino también a los partidos de derecha, apegados todos al acuerdo con el FMI.
El sentido de oportunidad pareciera fortalecer la justicia distributiva de la propuesta. Todas las propuestas atraviesan, en efecto, la política social y la política económica sostenidas por el Ejecutivo; pero, es claro que tendrían también como objetivo plantar ciertos hitos en vista al turno electoral del 2023.
Diversas críticas pueden ensayarse frente a estas iniciativas. Se dirá, por ejemplo, que se trata sólo de proyectos cuya concreción en instrumentos legales deberá recorrer en el mejor caso un tortuoso itinerario sembrado de obstáculos políticos y hasta judiciales. Si ello impidiera su concreción en leyes, debe considerarse su apelación a un imaginario que, tejido en el pasado reciente, se actualiza al presente y se proyecta al futuro inmediato de la disputa política, en lo que constituye un discurso que ensancha el mundo de lo posible. Se podrá decir, asimismo, que no se atacan de este modo las causas de la pobreza, sino sus efectos. Crítica ésta que desconocería la tendencia transformadora en la que se inscriben tales iniciativas.
De un lado, se (re)abre una ventana al desarrollo de la autonomía del Estado, premisa básica del kirchnerismo, punto de partida de cualquier programa que busque revertir los parámetros hoy dominantes. El proyecto de ley destinado cancelar las irregulares obligaciones con el FMI mediante una imposición sobre los capitales fugados se inscribe también en tal perspectiva al liberar al Estado de las ataduras financieras -y políticas- de largo plazo, que trae el mencionado acuerdo.
A su vez, el Ingreso Básico representaría una estrategia que busca asegurar un incremento de la capacidad de compra de millones de familias, cuyo destino será el consumo. Se busca así reparar una lastimada vida cotidiana y contribuir a una reactivación de la economía que, basada en el mercado interno, pueda contrabalancear la proclamada indispensabilidad del financiamiento externo.
En un plano de corte emancipatorio, el proyecto de Ingreso Básico generaría, a su vez, un derecho genuino para los trabajadores pobres, en tanto obligaría al Estado a una prestación mensual y a un nivel establecido de beneficio, posibilidad que, en línea con la AUH, comporta un salto cualitativo respecto a los planes que el Fondo permite, los cuales no garantizan el goce del beneficio en tanto están siempre sujetos, como ha sido el caso del IFE, a la discrecionalidad del gobernante.
La sanción de un derecho emancipa a los destinatarios de su dependencia respecto de la voluntad política.
Finalmente, el origen institucional de estas iniciativas genera una expectativa alrededor de ese atisbo de desplazamiento del Parlamento, que se materializa en este proceso, en tanto ámbito que validaría así su legitimidad para el ejercicio de una genuina representación de los intereses y aspiraciones sociales. Ello viene siendo una posibilidad dada la representación del FdT, que articula a organizaciones sociales activamente insertas en esa población marginada.
También abriga esta expectativa la mayoría de votos alcanzada en el Senado, para dar aprobación a un mecanismo que transfiere la responsabilidad por la irregular deuda con el FMI a aquellos que utilizaron los fondos prestados en su particular beneficio.