El 11 de septiembre de 1888 falleció el maestro Domingo Faustino Sarmiento y por ello se conmemora en el país cada año su día. No obstante, si consideramos al mes de septiembre en su conjunto, vemos muchas efemérides educativas. La mayoría son nacionales o provinciales (como el Día de la Educación de Gestión Social, o el Día del Maestro Bibliotecario), pero también se encuentra el Día Internacional de la Alfabetización. Algunas remiten al siglo XIX, como el Día del Profesor; mientras que otras fechas constituyen celebraciones establecidas en tiempos más cercanos: el Día de la Educación Técnica, el de Estudiantes, el de Preceptores. El 16 se recuerda la Noche los Lápices, vivida durante el terrorismo de Estado en la década de 1970; por aquel acontecimiento se lo designó como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.
Ciertamente, con esta enumeración podría pensarse a septiembre como el mes de la Educación… Ahora bien, a la luz de los cuarenta años de democracia, podríamos preguntarnos: ¿hay motivos para celebrar la educación argentina luego de estas cuatro décadas?
Tratemos de ubicar esta pregunta a la luz de la obra de Sarmiento. Su intensa vida es impensable de detallar en poco espacio. Demostró un notorio compromiso educativo, por su labor como maestro y como estadista. Consideraba que la educación básica constituía uno de los pilares de la República. Su profusa obra presentaba planes de acción además de una rigurosa recopilación de antecedentes internacionales que los justificaban. Su legado normativo (constitucional, legislativo, pedagógico) aún pervive como un proyecto político-educativo que trascendió a su época, por promover el derecho a la educación básica, con un Estado comprometido con su expansión y con la formación docente.
Durante el siglo XX, el derecho a la educación ganó en contenido, y gobiernos constitucionales como el de Juan Perón y el de Raúl Alfonsín instrumentaron medidas para favorecer el acceso a la educación secundaria y superior: el establecimiento de la gratuidad, en 1952, y la eliminación de los exámenes de ingreso a partir de 1984, constituyen algunos hitos al respecto.
Es más, podría decirse que con el restablecimiento de la democracia constitucional, en 1983, la educación obtuvo un amplio reconocimiento debido al sistema de derechos previsto en la Constitución reformada en 1994 y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. La labor parlamentaria (algunas fuentes indican la sanción de más de 300 leyes educativas en estos cuarenta años) y las políticas ejecutadas han intentado promover el ejercicio de este derecho.
Sin embargo, los datos del presente educativo reflejan muchas deudas en materia de igualdad y de logros escolares. Ejemplo de ello lo constituyen los críticos desempeños en las evaluaciones de Lengua y Matemática. Asimismo, el número efectivo de días de clases, las recurrentes huelgas, la escasa cantidad de escuelas con jornadas completas, los déficits en infraestructura y recursos de los establecimientos escolares, conforman un contexto frustrante para grandes sectores de la población. El surgimiento reciente de propuestas políticas que ofrecen soluciones proclives a la mercantilización del sector, demuestra un profundo desprecio a la educación como derecho.
Sin caer en una visión romántica del pasado, el contexto actual invita a una autocrítica, oportuna en este mes de efemérides educativas. Analizar lo actuado resulta necesario para modificar el panorama contemporáneo. La educación popular como plan de acción y el compromiso de aquellas generaciones decimonónicas con la escolarización podrían constituir fuentes de inspiración. No es necesario replicar lo hecho en el siglo XIX, pero el rediseño de lo existente debería orientarse a concebir a la educación como una estrategia clave para contrarrestar la reproducción intergeneracional de la pobreza y la creciente desigualdad así como las distorsiones que ambas generan en el bienestar general y en la cultura argentina.
