Nos hemos preocupado reiteradamente por las prácticas autoritarias basadas en el racismo, el odio, el rencor, en la falsedad, en el espionaje, como procedimientos rutinarios que comportan violaciones a los derechos ciudadanos individuales y colectivos. Es claro que se trata de un andamiaje de dispositivos, discursivos y prácticos, que abona una práctica política de puro poder que se ejerce en los entresijos del Estado y de la sociedad, a la sombra de su ventilación pública, bajo el formato de la operación clandestina, de la conspiración contra lo que se considera el enemigo. Un enemigo que lejos de reducirse a alguna categoría de personas, se diversificó y extendió de un modo viral habría que decir, alcanzando a políticos de la oposición y del propio macrismo, a familiares del espía mayor, a funcionarios de su gobierno, a aquellos puestos bajo prisión preventiva, a familiares de víctimas como es el caso del ARA San Juan, en una casuística que de no mediar el cambio de titularidad del gobierno nacional, hubiera seguido su devastador derrotero. Todos habríamos resultado a la larga, víctimas espiadas, vulnerados en nuestros más básicos derechos, expropiados en nuestra condición humana, sujetos a la voluntad destructiva de quien asume perversamente un poder de dominación, de sometimiento del otro.
Desde el panóptico hasta el sinóptico, la vigilancia gubernamental ha sido caracterizada como un ejercicio que busca anular la autonomía de la voluntad y de las aspiraciones ciudadanas mediante tecnologías orientadas al manejo de las conductas y por tanto de las vidas. La biopolítica, tradujo el desconocimiento violento del libre albedrío, en un sistema que en la postguerra buscó reducir la ciudadanía al sólo consumo, a la delegación de los derechos políticos en partidos, gremios, asociaciones intermedias. La dominación propia del Estado de Bienestar, reguló y normalizó la vida social, atándola a reglas y prácticas políticas de “baja intensidad”. La política se reducía a esos espacios de consenso inter-corporativo en los que la ciudadanía brillaba por su ausencia. La guerra fría, promovió este desmedro de la democracia que -desde Aristóteles- fincaba la soberanía en la ciudadanía, en el pueblo como expresión colectiva libre de ataduras.
Los derrumbes de la burocracia soviética y del Estado de bienestar, pre constituyeron las condiciones, aún bajo el capitalismo, de una otra democracia, basada en derechos. Si la debacle del Estado de Bienestar tuvo en los países europeos a la globalización como su “causa eficiente”, en nuestros países, tal causalidad residió en las derivaciones radicalizadas de dicha crisis, reprimidas por el genocidio del terrorismo de Estado. De allí para aquí la recuperación de la ciudadanía nos hizo soñar con una vida política protagonizada por colectivos ciudadanos progresistas, pero nos puso al mismo tiempo frente a una disputa centrada en racionalidades socio-políticas contrapuestas, que no obstante estar encriptada en el capitalismo, suele ser con suerte dispar acompañada por derivas emancipatorias.
Junto a las resistencias que como hemos sostenido, impiden que el proyecto de sometimiento que se sostiene sobre Latinoamérica se estabilice (léase Bolivia, Chile, Honduras, México, Argentina y procesos tales como los de Colombia y Brasil), emergen a la luz pública en nuestro país, esta vez desde los sólidos equipos de la Agencia Federal de Inteligencia a cargo de Graciela Caamaño, lo que representa la mayor evidencia de una sistemática del lawfare bajo gobiernos de la coalición Cambiemos. Como ya es de dominio público, durante 2017 fue tramado en sede gubernamental de la Provincia de Buenos Aires, bajo el gobierno de María Eugenia Vidal, un armado que contó con la venia de las máximas autoridades políticas y judiciales de la provincia y la complicidad de empresarios de la construcción, supuestas víctimas de un accionar reivindicativo de la Uocra de La Plata que debía ser controlado.
Excediendo todo límite, Villegas, Ministro de Trabajo de la entonces gobernadora, entiende tal anhelo, sin hesitar, como la necesidad de eliminar toda entidad gremial. No es la Uocra su problema, su problema es la defensa de los derechos del trabajo y de los trabajadores, algo cuyo control requeriría contar con una “fuerza de embestida”. Textualmente señala este ex ministro: «Si yo pudiera tener, y esto lo voy a desmentir en cualquier parte, una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría.”
Pero no se trata de controlar el accionar sindical, demanda peligrosa y perenne de muchos empresarios y formaciones políticas. Mucho más allá ello nos introduce en una visión de la sociedad ordenada tras el dictum de un estado gendarme al servicio del poder dominante, en la cual el contrato social propio del estado de derecho desaparece. ¿Es este el pensamiento concreto de las ideas de la derecha libertaria que nutren a la oposición política?
La puja distributiva propia del capitalismo y la legislación correspondiente es la forma que la política toma en el campo de las relaciones de trabajo, es bajo tales reglas y mecánicas que se busca dirimir el conflicto básico de las relaciones sociales bajo el capitalismo. Dicha forma es entendida por el entonces ex gobierno provincial -en consonancia con otros gobiernos de la misma coalición-, como un exceso de derechos que requiere ser eliminado. Pero la violencia máxima que este funcionario pretende revela el centro profundo de la cuestión, cual es el sustrato fascista de dicho gobierno, en tanto la política estatal así concebida desconoce el derecho a la vida del trabajador y los derechos del trabajo en la democracia, buscando hacer de ellos una masa marginal maleable, despojada de herramientas políticas, que sufriría un aún más veloz deterioro de sus salarios y condiciones de trabajo, generando eso sí la “paz social” que garantice un crecimiento aún mayor de la ya escandalosa rentabilidad empresarial.
La identificación de los participantes, la clara filmación de la formal reunión, la “altura” jerárquica de los funcionarios, su diversa procedencia son datos para reflexionar sobre el hecho denunciado, en tanto exhiben diáfanamente la ilegalidad de la operación en curso, esto es la existencia concreta de una mesa judicial en el seno del ejecutivo provincial. Cabe esperar que el proceso judicial ya iniciado no caiga en manos de la corporación judicial, sino en aquellas de jueces probos que establezcan, frente a este nuevo caso de lawfare, los límites que la democracia exige ponerle, tanto a la violencia como al autoritarismo, características propias de ese capitalismo salvaje que se quiere imponer.
