El sillón vacío en el máximo tribunal nacional será ocupado por una mujer. No hay dudas al respecto: su anterior titular, acogida a los beneficios de la jubilación sin dar señales a sus pares -y evitando participar de la elección del último presidente del cuerpo-, fue Elena Highton de Nolasco, quién, según los informados, a sus casi 80 años ya sentía haber dado y visto lo suficiente.
Por otra parte, la perspectiva de género marca el rumbo. La Corte viene dando pasos desde 2003, no solo integrando a dos mujeres sobre un total actual de cinco sitiales, sino avanzando en aspectos como la creación de la Oficina de la Mujer, en 2009, que además de llevar el Registro de Femicidios realiza numerosas labores de promoción (Mapa de Género de la Justicia Argentina, Registro Trata de Personas, seminarios, estudios e informes).
Un colectivo de organizaciones de derechos humanos, lideradas por Amnistía Internacional Argentina, solicitó al presidente Alberto Fernández que impulse la designación de una ministra para la Corte dentro de los próximos 30 días. En cualquier caso, el nombramiento requiere acuerdo del Senado (dos tercios); sin perjuicio de que, además, deberán superarse una serie de instancias abiertas para que tanto la ciudadanía como la sociedad civil se exprese sobre las postulaciones.
El pedido al Presidente es significativo. En la actualidad, aun cumpliendo con aquél, la Corte tendría una relación de 4 a 1. Según el mapa judicial de género 2020, en las cámaras nacionales, existe una relación de 3 a 1 (83 mujeres y 247 varones), y en los juzgados de primera instancia nacionales aparece prácticamente la misma magnitud (232 y 520, respectivamente). Al analizar la conformación de los tribunales superiores provinciales de todo el país, se cuentan 45 mujeres y 89 varones. Cuatro jurisdicciones no tuvieron mujeres durante 2020 en su máxima instancia (que además de juzgar, representa, gobierna y administra al Poder Judicial local): La Rioja, Formosa, Corrientes y Chubut; y pocas cortes locales presentan mayoría femenina: San Luis, CABA, Santa Cruz, Catamarca y Misiones.
Arriesgamos candidatas
¿Qué tipo de ministra de la Corte Suprema requiere el país? Una interpretación clásica como la del juez norteamericano Frankfurter (1928) señalaba que todo/a integrante de un máximo tribunal tiene que poder estudiar el presente a la luz del pasado para fines del futuro, a veces volando con la libertad de un/a artista, a veces pisando firme la tierra con la perspectiva de un/a estadista. Aunque una mirada acorde a estos tiempos da cuenta de que la comunidad espera de sus jueces y juezas una actitud terrenal: menos ampulosa, orientada a anticipar, práctica en su gestión, sensible y a la vez comprometida con la eficiencia y la eficacia, de trazos objetivos e incontrastable rigor profesional en sus pronunciamientos, con capacidad de abrir sus sentencias a los ojos de todo justiciable, menos permeable a los avatares de la política.
Se ha murmurado mucho en los corrillos palaciegos. Señalamos a tres de las muchas juristas propuestas:
Marisa Herrera: esta especialista en derecho de familia -discípula de la prestigiosa Aída Kemelmajer de Carlucci- reúne factores que la harían “prima donna” en este juego de adivinanzas. Litigante, profesora e investigadora en varias universidades y el Conicet, hermana de Paloma, la gran bailarina, aportó a numerosas iniciativas jurídicamente relevantes en los últimos años (Código Civil y Comercial, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo). Se la sabe respetada por los actuales miembros de la Corte, y goza de confianza tanto en el círculo de Alberto Fernández como en el de Cristina Fernández de Kirchner. Una frase: “Si bien el Código [Civil y Comercial] fue producto de los debates que se fueron dando a lo largo de estos años, lo cierto es que nadie creó nada que no había”
María del Carmen Battaini: desde la Tierra del Fuego sopla el nombre de esta prestigiosa magistrada, que obtuvo por concurso su designación hace casi 20 años en el Superior Tribunal de aquella provincia (que actualmente preside). Antes desempeñó una consistente tarea como secretaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, complementada con el ejercicio de la docencia y la investigación (bioética, medicina legal, deontología). Posee consenso en numerosas organizaciones de segundo grado que nuclean a magistrados y magistradas (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, Foro Patagónico de Superiores Tribunales, Asociación de Mujeres Jueces). Trabajó también en métodos alternativos de resolución de conflictos. Una frase: “Un juez debe tener en claro que, más allá de lo que pueda decir la prensa, debe tener la fortaleza suficiente para poder decidir con imparcialidad aplicando la ley. Si no la tiene no puede ser juez”.
Algunos ven corriendo desde atrás a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la sanjuanina Graciana Peñafort, muy cercana a la vicepresidenta de la Nación, apreciada en Córdoba, donde se recuerda su paso como notable alumna y dirigente de la UNC. Participó activamente en la redacción y defendió en debates públicos a la Ley de Medios. Reconocida por su capacidad, parece demasiado comprometida con su militancia peronista como para pasar el cedazo de un Senado en el cual el oficialismo ha perdido el quórum propio. Una frase: “los abogados de este país necesitamos que la Corte funcione”.
Tres perfiles, tres improntas diferentes que quizá representan a muchas otras juristas. La última palabra la tendrán quienes deben decidir. Ojalá que acierten.
