Sr. Director:
Como suscriptor y lector de HOY DÍA CÓRDOBA desde su aparición, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en homenaje a la más estricta verdad, para hacer llegar a ese importante medio una aclaración indispensable sobre la noticia aparecida en la edición del jueves 17 del corriente bajo el título: «Realizan un relevamiento del sistema carcelario de Córdoba», especialmente en lo que se refiere al Complejo Esperanza dependiente de la SENAF provincial.
Es laudable que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura celebre la ausencia de niños menores de 16 años en ese Complejo, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores. Lo que no es plausible es que, con ese elogio, dirigido a autoridades provinciales ávidas de recibirlo, se esté silenciando a sabiendas la realidad inocultable: que la Provincia, a través de una SENAF desmantelada e inoperante, se está limitando a enviar a sus casas respectivas esos adolescentes, que cometen reiteradamente transgresiones previstas por la ley penal, sin programas que les brinden contención y reencauzamiento.
Si antes esos adolescentes permanecían en el Complejo Esperanza respondía a una única razón: la SENAF no brindaba programas alternativos que previniese la internación o asistiera a su tiempo el egreso. Hoy esos programas siguen faltando, y lo único que ha cambiado es que los chicos son enviados a sus casas y vuelven al circuito de lo ilícito rápidamente. La crónica policial da cuenta de ello a diario en los medios de prensa: se habla de niños que ya han ingresado setenta o más veces a Policía Judicial. Son aprehendidos y enseguida liberados, y callar esto es mentir.
Claro está que esa situación, que afecta a personas, familias y comercios en nuestra sociedad, no sería posible si no existiera la connivencia del Poder Judicial, y más específicamente del Tribunal Superior a través de resoluciones de su Sala Penal y de una desafortunada acordada que cercena la decisión de los jueces penales juveniles al respecto. En mi nota «La Justicia Penal Juvenil en crisis» («Comercio y Justicia», 23/2/2022) y en un reportaje que en la web lleva por título «Para juez no hay servicios que asistan a niños que roban» (14/3/2022) he tenido oportunidad de referirme a ello con mayores argumentos y detalles. Vestir esa situación de total lenidad con el disfraz de «justicia restaurativa» es engañar a la población. La justicia restaurativa es algo serio, para gente seria que aplica los recursos necesarios a ese fin. Aquí todavía nada de ese cariz se ha puesto en marcha, como no sea algunos cursos que han brindado especialistas en la materia pero que caen en saco roto, así como un discurso oportunista en medios gubernamentales y judiciales.
Como magistrado jubilado, después de desempeñarme durante casi medio siglo en el hoy llamado Fuero Penal Juvenil, estimo un deber dar a conocer lo que sucede con el único fin de llamar a la reflexión de quienes deben intervenir para que esa niñez se reencauce y no quede expuesta a reacciones de los ciudadanos indignados, cada día más propensos a la mal llamada «justicia por mano propia».
Lo saludo con mi mayor respeto, José H. González del Solar.
Respeto
Sr. Director:
Esquina de calle Monseñor de Andrea y Colón. En el auto esperando que el semáforo se ponga en verde. Un señor, en moto, con una bordeadora atada a la espalda, esperando también.
Pasa en ese momento, por la Colón, un cortejo fúnebre.
El señor se descubre la cabeza. Pone su gorra en el pecho.
Es una austera reverencia, a quién no conoce, a quién ya no está.
Un gesto anónimo, simple, despojado; en medio de un mundo en donde el lobo del hombre hace de las suyas.
El semáforo nos da paso. Él dobla a la izquierda. Yo sigo derecho. El jardinero y su nobleza; su dignidad.
Si se le preguntara a qué se dedica, diría “que hace jardines”. Es así. Jardines que no se ven. Los mejores.
Jorge L. Carranza