Venezuela conserva su bandera, su territorio y sus instituciones. Pero cada vez resulta más difícil sostener que conserva algo remotamente parecido a su autonomía estratégica. El acuerdo petrolero anunciado por Donald Trump y aprobado este martes por la Asamblea Nacional venezolana marca un punto de inflexión. Washington no sólo obtiene acceso privilegiado a una parte gigantesca de las reservas venezolanas: el gobierno estadounidense tendrá una participación del 35% en la nueva estructura empresarial, capacidad de veto sobre el directorio, mayoría de ciudadanos estadounidenses en su conducción y derechos preferenciales sobre la producción. El acuerdo alcanza a 17 campos petroleros y contempla concesiones de un siglo.
Formalmente, Venezuela sigue siendo un Estado soberano. En términos materiales, sin embargo, la relación empieza a parecerse cada vez más a la de un protectorado de facto. Un protectorado clásico en términos de derecho internacional supone la pérdida formal de soberanía. Eso, por supuesto, no ha ocurrido. Pero existe otra forma de subordinación que tiene que ver con aquella en la que un Estado conserva sus instituciones mientras otra potencia adquiere una capacidad extraordinaria para determinar sus opciones económicas, energéticas y estratégicas.
El petróleo no es un sector más de la economía venezolana. Es el corazón mismo del Estado. Durante un siglo, la cuestión petrolera estuvo íntimamente ligada a la idea venezolana de soberanía nacional. La nacionalización de 1976 y, décadas después, el proyecto de Hugo Chávez de recuperar el control estatal sobre PDVSA fueron construidos alrededor de esa premisa. Ahora ocurre exactamente lo contrario. Washington está entrando en el centro de la industria petrolera venezolana. Y no está entrando solamente como inversor. Está entrando como socio con poder de decisión, comprador privilegiado y garante de la arquitectura financiera y tecnológica necesaria para reconstruir el sector.
La Casa Blanca lo dice además sin demasiados eufemismos. Presenta el acuerdo como parte de la recuperación de la Doctrina Monroe y como un mecanismo para expulsar la influencia rusa y china del hemisferio. La paradoja histórica es enorme. Chávez convirtió la resistencia a Washington en uno de los pilares ideológicos de su Socialismo del siglo XXI. China se convirtió en su principal acreedor y comprador de petróleo. Rusia se transformó en un socio político y militar. Irán ingresó en la ecuación energética y estratégica. Todo ese entramado está siendo desarmado ahora por la Administración Trump para que Estados Unidos ocupe el espacio que dejan los demás.
La diferencia es que Venezuela llega a esta nueva relación desde una posición de extrema debilidad. Su industria petrolera necesita inversiones masivas para recuperar su capacidad productiva y el acuerdo contempla hasta 100.000 millones de dólares de inversión. Washington, por lo tanto, no necesita gobernar directamente Venezuela para ejercer una enorme influencia sobre ella. Puede controlar las condiciones bajo las cuales entra el capital. Esto implica decidir que empresas tienen acceso así como decidir que tecnología utilizan con el objetivo de garantizarse la mayor parte de la producción y desplazar a sus rivales estratégicos en la región.
La cuestión se vuelve todavía más interesante porque la transición política venezolana también depende de Washington. Después de la caída de Nicolás Maduro, la Administración Trump ha respaldado al gobierno interino de Delcy Rodríguez y sostiene que la reconstrucción económica debe formar parte de un proceso hacia una eventual transición democrática. Pero funcionarios estadounidenses reconocen que las elecciones no son inmediatamente viables y que Washington deberá trabajar durante la transición con sectores del aparato político existente.
Es difícil imaginar una definición más clara de soberanía condicionada. Caracas puede conservar formalmente la capacidad de decidir. Pero Washington posee cada vez más capacidad para determinar cuáles son las decisiones económicamente viables.
Los protectorados del siglo XXI probablemente ya no necesitan gobernadores extranjeros, tropas permanentes ni banderas imperiales. Pueden funcionar mediante contratos, capital, deuda, tecnología, infraestructura y acceso a mercados. El instrumento de dominación puede ser un oleoducto.
La situación venezolana también representa un retorno de una lógica que parecía haber desaparecido de América Latina. Hoy la Administración Trump habla abiertamente de dominación energética estadounidense y de la recuperación de la Doctrina Monroe. Venezuela es el primer gran laboratorio de esa nueva doctrina. La guerra en Medio Oriente está demostrando nuevamente que la energía puede convertirse en un instrumento de poder geopolítico. Para Washington, disponer de una fuente gigantesca de petróleo pesado a pocas horas de sus refinerías constituye un activo estratégico extraordinario.
Si Estados Unidos consigue reconstruir Venezuela bajo una arquitectura energética predominantemente estadounidense, habrá hecho algo que durante años parecía improbable, revertir parcialmente la penetración china y rusa en uno de los países donde ambas potencias habían conseguido mayor influencia en América Latina. Venezuela pasaría así de ser uno de los principales bastiones de la penetración de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental a convertirse en una plataforma energética estratégica de Estados Unidos.
Si Washington está reconstruyendo la arquitectura energética venezolana, está también redefiniendo el equilibrio de poder de América del Sur y del Caribe. ¿Cuánta soberanía efectiva puede conservar un Estado cuando la principal fuente de riqueza de su economía, la reconstrucción de su infraestructura, el acceso a su mercado energético y buena parte de su transición política dependen de una potencia extranjera?
Venezuela todavía tiene soberanía formal. Pero Washington está adquiriendo algo quizás más importante y es capacidad de condicionamiento prácticamente total sobre Caracas. Y si esa tendencia continúa, dentro de algunos años los historiadores podrían mirar hacia este momento y concluir que Venezuela no fue convertida en el Estado número 51 como llegó a afirmar Trump pero que se convirtió en un protectorado sin necesidad de perder formalmente su independencia.
