Inflación, ineficacia y corrupción, son violencia institucional. Cada especulativa desorganización o enroque político, cada ego o personalismo que vienen enredando o atrapando, tanto a los partidos políticos tradicionales como a coyunturales asociaciones electoralistas, es violencia institucional.
A propósito, cómo entender sino cada destrato entre el binomio del actual Poder Ejecutivo nacional, como en las más que recientes y desafortunadas manifestaciones en contra de la legislación electoral vigente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), paradójicamente proferidas por los más altos caciques de la oposición, resistiendo a la misma y a su legítimo ejercicio, precisamente a cargo y por parte de uno de sus más que conspicuos correligionarios, actual intendente de CABA y precandidato presidencial 2023. Y cuando en Argentina, constitucionalmente, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
La violencia institucional también refiere y aplica a situaciones sistémicas de instituciones y/o sus desprendimientos, por caso, cuando se producen o crecen las denuncias o reclamos de adultos mayores, por la mala atención personal que reciben en dependencias públicas hospitalarias, bancarias o previsionales. Basta con mencionar a nuestros abuelos, adultos mayores haciendo vanas colas o larguísimas filas, entre las 04:00 a las 09:00 horas de la mañana para que, cuántas veces, se les recibe con un “se acabaron los turnos/números”; “se cayó el sistema”, un “vuelva la próxima semana”. Cuando no un desinformado “estamos de paro” o “trabajando a reglamento”, etc.
Violencia institucional comprende, asimismo, aquellos mecanismos estatales, activos u omisivos, que garantizan impunidad ante obscenos enriquecimientos de funcionarios, legisladores y magistrados; lavado de dinero, el uso del Estado para favorecer intereses de grandes grupos económicos o de la “patria contratista”; la criminalización o extorsión de legítimas protestas sociales (hoy, los justos reclamos de maestros, no docentes, médicos y enfermeros en todo el territorio nacional).
La violencia institucional no se agota con lo relacionado, claro. Efectivamente, más que frecuentes e invisibilizadas son aquellas desairadas peticiones ciudadanas en ocasión de pretender denunciar pública y legalmente algún tipo de violencia, como la inseguridad física o la insatisfacción de las necesidades básicas (aire y ambiente limpios; agua potable y saneamiento; alimentación nutritiva; educación; vivienda y trabajo dignos; básico bienestar y salud mental o psicológica; violencia sexual, patronal, económica; proliferación y sofisticación de hurtos y robos; patrimonial; violencia intelectual-ideológica (mentiras, falacias, engaños, posverdades); violencia ecológica y ambiental; no recreación; y la autoridad o funcionario pertinente -sin razón ni fundamento- se niega a recibirlas, no obstante sus específicas atribuciones que, institucionalmente, le corresponden y obligan en relación con tales peticiones e ilícitos.
Claramente, cada omisión funcional en tales casos es violencia institucional que conculca derechos humanos, entendidos como derechos inherentes e intrínsecos sólo por y para existir como seres humanos.
Para cerrar: la violencia institucional alcanzo su paroxismo con la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), tremendo aparato paraestatal que asesinó a sacerdotes, artistas y religiosos, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas. La “Triple A” fue la responsable de la desaparición y muerte de miles de argentinos, así como del exilio forzado de gran cantidad de artistas e intelectuales.