El Gobierno consiguió sancionar el miércoles la ley de financiamiento político en la Cámara de Diputados con 147 votos a favor y 69 en contra. Los diputados de los bloques del massista Frente Renovador y de Alternativa Federal, que representa a los gobernadores, se sentaron en sus bancas poco antes del mediodía para que la sesión arrancar pese a la ausencia de los legisladores del kirchnerismo, la izquierda y los peronistas puntanos.
Ese acuerdo ya había sido cerrado el mes pasado en la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que Cambiemos obtuvo el dictamen al proyecto que ya tiene media sanción del Senado, en donde el expediente fue aprobado con mayor facilidad. Sólo los puntanos, la izquierda y el kirchnerismo se opusieron.
La ley, que comenzará a regir en este turno electoral, fue impulsada por el Gobierno a raíz de la causa judicial de los «cuadernos de la corrupción», donde se investiga una red de financiamiento ilegal que involucra a ex funcionarios y empresarios durante el gobierno kirchnerista.
El interbloque Cambiemos se partió en la votación en particular luego de que la Coalición Cívica rechazara el artículo 4 del proyecto, que habilita los aportes privados. Ese artículo recibió 135 votos a favor y 81 en contra.
Los principales puntos del proyecto sancionado:
-Bancarización: Los aportes solo podrán efectuarse por transferencia o depósito bancario.
-Financiamiento mixto: Las campañas se podrán financiar con aportes públicos y con aportes privados . Los partidos no podrán recibir de una misma “persona humana o jurídica” un monto superior al 2% de los gastos permitidos para esa campaña.
-Aportes en especie: Se podrán aportar servicios o bienes.
-Nuevos plazos de la campaña: Comenzará 50 días antes de la fecha de las elecciones. La publicidad en medios de comunicación queda prohibida antes de los 35 días previos a la fecha de la elección, 10 días más que en la actualidad. Además se amplía a 25 días el plazo previo a la elección en el cual el gobierno no podrá difundir sus actos.
-Prohibiciones: Los partidos no podrán recibir contribuciones anónimas; donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales o municipales; de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores del Estado; de personas humanas o jurídicas que exploten juegos de azar; y de gobiernos o entidades públicas extranjeras, entre otros casos.
– Publicidad audiovisual. La ley reduce a la mitad (del 10% al 5%) el tiempo total de programación audiovisual con fines electorales. A partir del año 2020, la mitad de este porcentaje será cedida a título gratuito, y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales.
-Encuestas: La Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, donde deberán informar pormenorizadamente sobre los trabajos que realizaron, quiénes las contrataron y cuánto facturaron.
-Redes sociales y plataformas digitales: Los partidos deberán rendir cuentas también sobre las campañas digitales.
-Distribución: Del total de los recursos públicos destinados a la inversión en publicidad digital, al menos un 35% deberá destinarse a sitios periodísticos digitales generadores de contenido y de producción nacional, y al menos otro 25% a sitios de producción provincial.
-Capacitación. Al menos el 20% de lo que reciben los partidos para desenvolvimiento institucional debe destinarse al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación.
