“En el artículo 139 inciso B del Código Electoral se indica que incurre en un delito quien compeliera a un elector a votar de una manera determinada, figura que no sería adecuada para este caso porque no hay una obligación o amenaza para votar de una determinada manera”, señaló el también profesor de Derecho Electoral de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“Como hablamos de delitos no es posible aplicar las normas que contemplan las normas haciendo una analogía; (…) más cerca de lo que hemos escuchado se encuentra el artículo 140 cuando sanciona la inducción por engaños”, explicó. “Más allá de lo formal y de la ley, es esta sociedad política que estamos desarrollando en donde el clientelismo electoral va encontrando cada vez maneras más rebuscadas y complejas de neutralizar o impedir, porque ese clientelismo lo que va haciendo es marcar maneras para tratar de cooptar la voluntad del elector”, consideró.
El letrado también aseguró que lo que “está en juego es la libertad de la voluntad popular y la transparencia del proceso de elección de nuevas autoridades”. “Lo más agravante es el contexto, es difícil que una sociedad comprenda que eso está mal y que nos retrotrae a épocas anteriores a la ley Sáenz Peña, cuando estábamos acostumbrados a que desde el Estado o desde las diferentes fuerzas políticas para conseguir un voto se realizan este tipo de estrategias”, finalizó Pérez Corti. El caso se conoció el fin de semana y generó un marcado repudio de parte de distintas organizaciones políticas.
“Bonos» para el campo
Con miras a las elecciones de octubre, el ex candidato a diputado nacional por Cambiemos, y ahora productor rural, Gonzalo Blasco, les ofreció un bono de $5.000 si el candidato a presidente, Mauricio Macri, llega a una segunda vuelta en las generales.
Blasco comentó que el campo esta “asustado” por una posible vuelta del kirchnerismo al poder y que él no está comprado votos. En paralelo, el dirigente macrista Yamil Santoro apoyó la idea del productor rural tratándolo de “prócer contemporáneo”.
