La Justicia Federal de Córdoba resolvió ayer que los titulares del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, continúen detenidos en el marco de la causa que se sustancia en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, y asociación ilícita. Después de que los abogados defensores de los gremialistas solicitaran su excarcelación, el fiscal federal Enrique Senestrari y el juez Ricardo Bustos Fierro, coincidieron en negar dicha posibilidad con el objetivo de avanzar en la recolección de pruebas tras la serie de allanamientos llevados a cabo el martes pasado en la mutual del gremio y en domicilios particulares de los dirigentes, que incluyeron el secuestro de autos de lujo, joyas y paquetes con dinero en efectivo. “La fiscalía se acaba de expedir, se mantienen las condiciones que motivaron el pedido de detención”, recalcó Senestrari, quien a su vez precisó que le pidió a Bustos Fierro la ratificación de la prisión de Saillén y Catrambone por “al menos 30 días (corridos) para que podamos seguir trabajando en la recolección de pruebas, en medidas urgentes”.
A primera hora de la mañana de la víspera, los líderes del Surrbac se negaron a declarar y descartaron los hechos que se les imputan. Momentos después, Senestrari dialogó con los medios de comunicación y recalcó que no existieron motivaciones políticas en la detención de los sindicalistas, y en la imputación que pesa también para otras 17 personas. “No hubo la menor incidencia política en este tema. Entiendo que va a haber una lectura política del caso, y que algunos pretendan contaminarlo con esa lectura porque les conviene. Pero sería insólito que alguien sostenga que yo hago una operación política contra el kirchnerismo”, señaló el funcionario judicial.
Al respecto, afirmó: “Jamás actué en contra de ningún partido político. Los tiempos de la investigación se fueron dando a partir de cómo fue la consecución de la prueba, y la prueba llegó ahora”. En tanto, Senestrari reconoció haberse “sorprendido” con algunos de los elementos secuestrados en los procedimientos del martes. “Teníamos datos que indicaban que (Saillén y Catrambone) eran dueños directos o indirectos de una serie muy valiosa de bienes. Pero desconocíamos si los íbamos a encontrar en el lugar o no. Lo que se encontró fueron bienes que no estaban dentro de la lista de cosas que habíamos detectado desde la fiscalía, eso nos sorprendió”, sostuvo el funcionario judicial, y como ejemplo, mencionó un vehículo Mercedes Benz de un valor no menor a los 100.000 dólares.
Otras investigaciones en curso
En otra novedad sobre este resonante caso, el juez federal Ricardo Bustos Fierro se declaró ayer incompetente para entender en la citada investigación, y derivó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba la decisión sobre cuál será el juzgado que seguirá interviniendo en el proceso. En una argumentación de seis páginas, Bustos Fierro estimó que el caso debería seguir siendo investigado por su par del juzgado federal número 3, Hugo Vaca Narvaja, porque en la fiscalía 3, que dirige Graciela López de Filoñuk, se encuentra desde antes otra investigación que también involucra a los gremialistas del Surrbac. Cabe agregar que en la Justicia Federal de Córdoba existen por lo menos tres denuncias que involucran a los directivos del gremio de recolectores, mientras un número mayor de causas también están alojadas en los tribunales provinciales.
