Diputados de distintos bloques de la oposición presentaron ayer formalmente el pedido de sesión especial para mañana con el objetivo de debatir el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria decretada por el Poder Ejecutivo en 2002, y todo indica que el oficialismo habilitaría la discusión en el recinto. La solicitud se presentó ante el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien otorgó la sesión para las 11:30. El proyecto que logró unificar el grueso del arco opositor lleva las firmas de los jefes de las bancadas del Frente Para la Victoria-PJ, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador, el interbloque de Red por Argentina, que encabeza Felipe Solá, junto al Movimiento Evita y Somos de Victoria Donda, además de partidos provinciales como el PJ puntano, entre otros.
Sin embargo, no fue rubricado por el bloque de Consenso Federal, que encabeza Graciela Camaño, ni los diputados del FIT. No obstante, desde los bloques que sellaron el proyecto afirman que ambos sectores serán de la partida en la sesión especial. Consenso Federal iría al recinto con el proyecto propio, que impulsó su candidato presidencial, Roberto Lavagna, mientras el FIT reclama la incorporación de otras medidas, como la prohibición de despidos y suspensiones, así como aumento a los jubilados y pensionados.
El proyecto de ley que impulsan los legisladores peronistas y kirchneristas opositores prevé prorrogar la emergencia alimentaria hasta 2022, aumentar al menos un 50% de las partidas presupuestarias destinadas a alimentación y nutrición vigentes este año y facultar al jefe de Gabinete para que trimestralmente actualice esas partidas tomando como parámetro la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
A su vez, habilita al Poder Ejecutivo a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”. Y establece en ese sentido que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios sociales’”.
Por último, el proyecto indica que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) deberá realizar de manera anual un control periódico sobre las partidas del Presupuesto Nacional destinadas a la alimentación saludable como “política de Estado”. Se trataría de unos $8.000 millones extra al presupuesto de 12.500 de pesos para este año, al que ya se agregaron 4.000 millones de pesos en marzo.
En la Casa Rosada, creen que la jugada es meramente electoralista. También sostienen que lo que reclama la oposición ya está contemplado en la emergencia social, que prevé la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias para cubrir necesidades alimentarias. Pese a ello, el Gobierno no frenaría el avance del debate en el Congreso. A última hora de ayer se supo que el oficialista interbloque de Cambiemos terminará de definir hoy su estrategia para la sesión especial. La idea que domina en la bancada oficialista es la de dar quórum para el debate del proyecto, habilitar su tratamiento y proponer algunas modificaciones al texto impulsado por el peronismo y sus aliados. El tema se comenzará a definir este miércoles a las 12 en una reunión de la denominada ‘mesa chica’ del interbloque, encabezada por su presidente, el radical Mario Negri.
Acampe en la 9 de Julio por 48 horas
Luego de una reunión que mantuvieron ayer con funcionarios del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, un conjunto de agrupaciones piqueteras confirmaron que harán un nuevo acampe, esta vez de 48 horas, sobre la avenida 9 de julio, frente a la sede de la cartera que conduce Carolina Stanley, en Capital Federal.
“La reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley fracasó por completo porque el Gobierno no hizo una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses”, señaló Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.
“El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores. La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses”, observó Belliboni.
