El juez federal Ricardo Bustos Fierro procesó ayer con prisión preventiva a Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, en el marco de la causa que los investiga, entre otras cosas, por supuestas estafas cometidas contra los afiliados del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac). Además, los embargó con 20 millones a cada uno por supuesto lavado de activos, asociación ilícita y administración fraudulenta, entre otras acusaciones.
Cabe recordar que, según la Justicia, las víctimas de los delitos fueron los mismos barrenderos y recolectores afiliados al Surrbac. De acuerdo con las acusaciones judiciales, Saillén y Catrambone habrían utilizado de manera delictiva el dinero que pertenecía a los afiliados del gremio, de la Asociación Mutual (Amsurrbac) y a los beneficiarios de la obra social (Osurrbac). De hecho, para la Justicia, el objetivo de las maniobras fue siempre “beneficiarse ellos y sus familiares y/o allegados directos”.
De esta manera, Saillén y Catrambone permanecerán en la cárcel de Bouwer, donde se encuentran detenidos desde agosto pasado. La decisión de Bustos Fierro implicó un duro revés en el marco del proceso judicial que se lleva a cabo contra los sindicalistas, es especial, porque se dio en simultáneo a la renuncia de sus abogados defensores. Tanto Ricardo Moreno como Jorge Sánchez del Bianco decidieron apartarse de la causa por las discrepancias que surgieron con Fernando Martínez Paz, uno de los nuevos letrados elegido por los sindicalistas para completar la defensa.
No obstante, el abogado no estará solo. Al cierre de esta edición, se conoció que lo acompañará el ex fiscal general de la Provincia, Darío Vezzaro. “Me encuentro evaluando la estrategia defensiva”, dijo el abogado, quien asumiría hoy la defensa tras analizar los detalles del expediente.
Mientras tanto, la causa sigue su curso. Además de procesar a Saillén y Catrambone, el juez Bustos Fierro solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) la intervención del Surrbac y de la Amsurrbac para “normalizar” la situación generada a través de años de “incumplimientos normativos” y “contabilización informal o paralela”.
