A días de dejar el Gobierno, el presidente Mauricio Macri decidió modificar el régimen para funcionarios jerárquicos del Estado otorgándoles mediante el decreto 788/19 estabilidad por cinco años. De esta manera, los cargos políticos que fueron nombrados durante la gestión de Cambiemos permanecerán en su cargo como mínimo un año más, ya bajo la gestión del Frente de Todos.El decreto dispone que si no se cumple la norma, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, lo que implicaría sumas de varios millones de pesos. Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por el gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazada por ATE.La decisión se tomó el martes, a dos semanas de finalizar el mandato.El decreto firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual, entre los que se incluyen directores generales y coordinadores. Representa el 10% del plantel del Estado. La medida implica que cuando el nuevo gobierno quiera designar a sus propios funcionarios deba despedir a los de Cambiemos.El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández caracterizó la nueva norma como “un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando”.La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), por su parte, rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional “mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto”, ha sido “pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.El convenio fue firmado con el gremio UPCN antes de las últimas elecciones generales aduciendo que brinda estabilidad a los trabajadores. Sin embargo, la presunta “estabilidad” es para ATE una excusa, ya que de ser el tema central habrían comenzado por las categorías inferiores y no por las superiores.Fernández lo describió como que “ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos, todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años”. El secretario general del gremio de los abogados, Rubén Ramos, dijo ayer que decidió “judicializar” la nueva norma porque afecta “de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.
