Según la ONG, el país logró trepar 45 puntos, al pasar del puesto número 85 en 2018 al 66. No obstante, la actual colocación implica que solo se está apenas por encima del promedio global, que es de 43 puntos.
El ranking integrado por 180 países evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público. En cuanto a nivel continental, Argentina se ubica en el puesto 13 dentro de las 32 naciones que integran América. La noticia fue celebrada por el ex oficialismo.
«La gestión del presidente Macri tuvo una clara decisión en favor de la transparencia, la apertura, el control y la rendición de cuentas. Además implementó reformas judiciales que facilitaron una mayor independencia de ese poder sin interferencias indebidas. Se sometió a los controles estrictos de organismos internacionales, como la OCDE, el GAFI y la ONU en materia de políticas de transparencia, la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero», dijo ayer la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, próxima a presidir el PRO.
En el caso de Argentina, la evaluación se hizo en base a ocho encuestas de distintas entidades internacionales, como el Índice de Gobierno Sustentable de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD) y el Ranking de Países de la Unidad de Inteligencia Económica. También se utilizaron la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
En un extenso comunicado, Bullrich precisó que durante 2015 y 2019, a iniciativa de la Casa Rosada, se aprobaron las leyes de acceso a la información pública, del arrepentido, de financiamiento de las campañas y de penalización de las empresas corruptas. También menciona que a través de decretos presidenciales, se puso en marcha el Plan de Gobierno y Datos Abiertos, el sistema de Gestión Documental Electrónica despapelizando la administración, el régimen de obsequios a funcionarios públicos, una política de transparencia focalizada en las contrataciones públicas, el plan de Simplificación Productiva eliminó centenares de trámites innecesarios, se implementó la Ventanilla Única de Comercio Exterior, entre otras políticas relevantes.
A la vez que se aprobó el Plan Nacional Anticorrupción, se creó la Red de Enlaces de Ética Pública y se implementaron programas de integridad y transparencia en las empresas del Estado. «Todas las reformas eliminaron la discrecionalidad de los funcionarios aumentando la transparencia y el control», defendió la ex funcionaria.
