El presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe que los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desempeñen tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal” con el fin de evitar que los espías actúen como auxiliares de la Justicia. El mandatario había anticipado la decisión el domingo último, durante su mensaje de apertura de sesiones en el Congreso. Terminamos con el oscurantismo que imperó estos años”, afirmó allí sobre las modificaciones realizadas en la agencia de inteligencia desde diciembre.
De esta manera, a través del decreto 214 publicado ayer en el Boletín Oficial, se modificó la ley de inteligencia aprobada en 2001 que había establecido una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”. En los considerandos, se señaló que corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”.
A poco de asumir, Fernández dispuso la intervención de la AFI por 180 días y colocó al frente a la ex fiscal Cristina Caamaño; también ordenó la derogación del decreto N° 656 del 6 de mayo de 2016”, por el cual el gobierno de Mauricio Macri había eliminado el régimen que obligaba a darle transparencia al manejo de fondos de ese organismo. Para el Presidente, ese decreto de Macri implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”.
Por eso, la nueva administración estableció, entre los puntos más significativos, que ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”. Desde ahora, los agentes de inteligencia quedarán limitados a su función específica, que tienen que ver con el combate al terrorismo y el mantenimiento del orden constitucional.
Tampoco podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
A la vez, ningún organismo de la AFI podrá influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. Así como tampoco, sostiene el decreto, revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
Highton de Nolasco le respondió a CFK sobre el lawfare”
La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, le respondió ayer a Cristina Fernández de Kirchner por sus críticas al máximo tribunal, después de que la vicepresidenta criticara a la Corte Suprema por su inacción ante los que considera escandalosos mecanismos del lawfare”. Los expedientes se van procesando a medida que corresponda y ya veremos, ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes”, contestó Highton de Nolasco en declaraciones radiales.
La respuesta de la jueza fue la primera consideración pública de un miembro de la Corte tras los cuestionamientos de la ex presidenta por las investigaciones judiciales contra ex funcionarios de su gestión. En otro orden, la vicepresidenta del máximo tribunal argentino manifestó su apoyo a ampliar el número de jueces en el fuero federal, aunque remarcó que lo que importa es la honestidad” de los magistrados, en el marco de la reforma judicial que anunció el Poder Ejecutivo.