La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su fuerte rechazo a la legalización del aborto, ante el inminente envío de un proyecto de ley del Gobierno al Congreso, sostuvo que no es lícito eliminar ninguna vida humana” y destacó la necesidad de discernir prioridades” en un país que tiene altos niveles de pobreza e indigencia”. Así se expresó ayer el presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea, al encabezar una multitudinaria celebración eucarística frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, en Buenos Aires, en el marco de la denominada Misa por las mujeres y la vida” con que la iglesia católica conmemoró el Día Internacional de la Mujer.
La celebración fue presidida por Ojea y concelebrada por el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli; también participó el referente de los curas villeros, el padre José María Pepe di Paola, junto a una nutrida delegación de fieles y representantes de iglesias evangélicas. Millones de argentinos y argentinas, creyentes y no creyentes, tienen la profunda convicción de que hay vida desde la concepción y que una persona distinta de su madre va desarrollándose en su seno. Es injusto y doloroso llamarlos anti-derechos o hipócritas”, expresó Ojea.
Se estima que el proyecto del Poder Ejecutivo para legalizar el aborto llegará al Congreso hacia fines de esta semana y disparará la primera actividad legislativa intensa del año. La iniciativa, cuyos detalles se encuentran en estricta reserva, fue redactada por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en coordinación con el ministro de Salud, Ginés González García, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. El otro proyecto que será discutido cuando comience el debate en la Cámara de Diputados es el que impulsa la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue presentado hace un año con más de 70 firmas.
El colectivo de organizaciones había conseguido ya en 2018 el hito histórico de que la iniciativa sea aprobada en Diputados pero se topó con su rechazo en el Senado. Esta vez, pareciera que el despliegue de la Casa Rosada alcanza también a los gobernadores, que dos años atrás gravitaron con fuerza para que la Cámara alta rechace la ley. En esta oportunidad, muchos de ellos habrían decidido mostrarse prescindentes, en parte debido a la necesidad de mantener buena relación con la Nación en medio de una severa crisis económica.
