El grupo cerealero Vicentin afirmó que existentes diferentes alternativas público-privadas superadoras” a la expropiación de la empresa anunciada por el gobierno nacional, y aseguró que su prioridad es proteger la compañía y garantizar las fuentes de trabajo”. Entendemos que existen diferentes alternativas público-privadas superadoras y las autoridades (del Gobierno nacional) han manifestado su disposición para analizarlas”, indicó el directorio de Vicentin a través de un comunicado, difundido luego de la reunión que mantuvieron ayer por la tarde integrantes de la firma con el presidente Alberto Fernández.
Allí, remarcó que la prioridad sigue siendo proteger a nuestra compañía y a nuestra gente, garantizar las fuentes de trabajo y preservar el legado de una empresa nacional que es orgullo del interior del país”. El director ejecutivo del grupo, Sergio Nardelli, fue recibido este jueves por Fernández en la Quinta de Olivos para analizar la situación de la empresa intervenida por el Gobierno.
Nos manifestó su determinación de salvar a la compañía, objetivo con el cual naturalmente coincidimos. No estamos de acuerdo con el procedimiento de expropiación que el Presidente considera como el adecuado para ese fin”, puntualizó el directorio al respecto.
Los integrantes de Vicentin se reunirán con Gabriel Delgado, el interventor designado por el Poder Ejecutivo, y con directivos de YPF para continuar con el diálogo iniciado ayer con el Presidente y analizar alternativas.
En tato, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron hoy su «profunda preocupación» por la intervención del Gobierno en la empresa Vicentin y realizaron fuertes advertencias sobre las consecuencias que esto ocasionará. «La industria agroexportadora considera que se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen», dijeron las dos cámaras en un comunicado conjunto.
Aseguraron que «violentar» esos preceptos genera «inseguridad jurídica y cuestionamientos a la propiedad privada y asimismo aleja las inversiones en el país». CIARA y CEC señalaron que el comercio exterior agroalimentario es parte esencial de la economía argentina y todas las empresas que conforman el complejo agroindustrial exportador son miembros de la comunidad nacional.
Toda la operatoria de comercialización de granos y subproductos con el exterior se encuentra altamente regulada y controlada por eficientes organismos del Estado nacional que tienen capacidad para detectar irregularidades y corregirlas, dice el comunicado. De hecho, en la Argentina cada exportación es pre-autorizada y los precios de cada embarque son controlados diariamente por el Estado Nacional, sostienen.
Asimismo, el ingreso de divisas de las exportaciones de granos y derivados «está altamente controlado y es anticipado antes de que se produzcan los embarques, con plazos de ingresos y formas compulsivas de liquidación a moneda local (en productos como harina de soja, aceite de soja, poroto de soja y maíz el plazo de liquidación es 15 días corridos después del permiso de embarque)».
«Los planteos que ponen en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria no se condicen con la realidad dado que el mercado interno en la Argentina representa el 15% de la producción total del país y toda la producción de granos la realizan miles de productores que habitan en suelo argentino», dice el comunicado. «La eventual participación del Estado nacional en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo, generándose el «cluster» agroexportador privado más grande del mundo mediante la estabilidad de reglas», dijeron las entidades.
Basterra: «El instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación»
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó hoy que la intervención a la cerealera Vicentin «es una decisión política estratégica», y remarcó que «el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación». En diálogo con América 24, el titular de la cartera agropecuaria explicó que el objetivo es «buscar caminos para que la empresa no se transnacionalice», por cuanto consideró que Vicentin «es muy relevante para la economía argentina».
Señaló que grupos extranjeros tienen el 40 por ciento de las acreencias de la cerealera, y destacó que lo que anima al Gobierno «no es animaversión contra la empresa» sino que, «todo lo contrario, es el rescate de una empresa». Basterra negó un supuesto avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en este tema, y remarcó que la intervención a Vicentín «es una decisión política estratégica» y que «el instrumento para que la Argentina no pierda la empresa es la expropiación».
También, aclaró que «ésta es una situación excepcional en un mercado donde hay muy pocos actores», y señaló que el fracaso económico de la empresa, que acumula una deuda de US$ 1.500 millones, «está vinculado con la especulación financiera».
Por último, ratificó que los directivos de Vicentin se reunirán hoy con el interventor Gabriel Delgado, con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y con autoridades de YPF.
