En medio del silencio público del gobernador Juan Schiaretti sobre el caso Vicentin, el macrismo presentó dos iniciativas en la Unicameral contra la expropiación de la cerealera dispuesta por el presidente Alberto Fernández, para presionar al mandatario provincial por un pronunciamiento político de la Legislatura provincial.
La embestida política se produce un día después de que Schiaretti obtuviera 4.800 millones de pesos de la Nación como auxilio económico a través de créditos preferenciales, tras la reunión virtual que mantuvo ayer con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Hacemos por Córdoba acordó con los legisladores opositores el tratamiento en comisiones de los proyectos pero para avanzar en un pronunciamiento político esperará la decisión del gobierno nacional respecto a si expropiará o no la empresa.
Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron precisamente a HOY DÍA CÓRDOBA que mantenemos cautela y prudencia hasta que el gobierno nacional defina si va a expropiar o tomará otra medida respecto a la empresa Vicentin. Esperamos que nuestros diputados se reúnan esta semana con los representantes de la Mesa de Enlace, respetando al gobierno de la provincia de Santa Fe, donde está radicada la empresa”.
El primero de los proyectos que se comenzará a discutir hoy en la reunión virtual de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, presidida por el radical Dante Rossi, repudia al gobierno nacional por la intervención de Vicentin realizada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU); mientras que la segunda iniciativa instruye a los diputados y senadores por Córdoba para que realicen las gestiones pertinentes ante el Congreso Nacional para recuperar las competencias que le son propias en materia de expropiación de la citada empresa.
Sabiendo que el silencio del mandatario cordobés está anclado a la necesidad de asistencia financiera que la Provincia recibe de la Nación ante el desplome de la recaudación producido por la inactividad comercial e industrial, el bloque que responde al ex presidente Mauricio Macri presiona por una definición política.
El proyecto exhorta directamente al gobernador Schiaretti a cumplir con la promesa de campaña en la que el mandatario provincial se diferenció del supuesto ideario anti-campo” del actual gobierno nacional. Para defender a Córdoba, hay que proteger a los cordobeses y, tal como ocurría en campaña, diferenciarse de la propuesta del oficialismo nacional y ratificar esa diferencia sustancial con el ideario anti-campo tan afín al kirchnerismo, porque ese fue el compromiso que asumieron ante el pueblo de Córdoba: que nuestros legisladores nacionales puedan honrar ese compromiso es lo que venimos a plantear”, sostuvieron los legisladores del bloque Córdoba Cambia en los fundamentos.
Por su parte, Cecilia Irazuzta, legisladora de la Coalición Cívica-ARI, autora de la declaración de repudio y preocupación, sostuvo en su iniciativa que la expropiación es sin dudas inconstitucional: avasalla nuestra Ley Suprema, que en su artículo 17 establece que la propiedad privada es inviolable y que ningún habitante de nuestro país podrá ser privado de ella sin una sentencia fundada en ley, y viola la separación de poderes, haciendo uso de atribuciones exclusivas del Poder Legislativo al crear la figura de la ‘intervención temporal’ sin decisión alguna del Congreso de la Nación y del Poder Judicial”.
Los legisladores macristas advierten que una medida de esta naturaleza podría significar el comienzo de un proceso de estatización del mercado agropecuario, asemejándose a experiencias pasadas que han generado un perjuicio para las finanzas públicas, como las expropiaciones de YPF y Ciccone”, según rezan sus fundamentos.
Las iniciativas también plantean que la potencial expropiación de Vicentin supondrá socializar pérdidas” ya que al estatizar la deuda de la empresa, los argentinos deberán hacerse cargo de una deuda valuada en 1.350 millones de dólares, equivalentes a un pasivo exacto de 99.345 millones de pesos al momento en que Vicentin entró en cesación de pagos.
De este total, 63.961,5 millones de pesos suponen deudas con entidades financieras públicas y privadas. Vicentin debe 5.200 millones de pesos a 519 acreedores cordobeses, con una deuda promedio de 10,1 millones de pesos por cada uno. El ex presidente del Banco Nación Argentina, Javier González Fraga, está imputado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, junto con los responsables de la firma Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
El bloque macrista planteó que es inentendible la intervención del Estado Nacional cuando ya existe un concurso preventivo, el que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial, 2da Nominación, de la Ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, que es donde deben resolverse las cuestiones vinculadas a la causa, sin intromisión de otros poderes”.
Según los legisladores opositores, el dictado de un DNU a tales efectos importa la modificación de hecho de la Ley 19.550 General de Sociedades, que prevé las causales de intervención y establece que ésta sólo puede ser dispuesta por el juez del concurso preventivo, a la vez que viola la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, porque la norma deja en manos del concursado la administración de la empresa en concurso bajo la tutela del juez y de la sindicatura.
Además, plantean que durante los gobierno del kirchnerismo se desarrollaron prácticas casi confiscatorias a empresas pasando por arriba leyes y la Constitución, se terminó con empresas judicializadas que generaron pagos leoninos a cargo de los contribuyentes argentinos”.
