Es muy difícil gestionar hoy”, resume un dedicado funcionario nacional, a cargo de un tema sensible en contexto de pandemia. Enumera problemas operativos: las distancias impuestas por el aislamiento; muchos contagiados de Covid-19 en CABA; el teletrabajo no tan arraigado en quienes optan por el poder de la lapicera; la desarticulación que genera iniciativas poco conversadas entre diferentes carteras; el vértigo que exige que todo esté listo para ayer. También, las picardías y la incomprensión de los problemas que, cuando se mezclan en política, generan alta toxicidad.
En esa cadena logística y conceptual, otro cuadro respetado con despacho en Nación enumera los desaciertos del caso Vicentin. La senadora mendocina Fernández Sagasti, dicen, se mandó” en la cruzada, aparentemente sin anticipar (mucho menos conciliar) opiniones con sus pares de las provincias de la Región Centro. Esto generó malestar en el bloque de senadores oficialistas de la zona, menos maleables al rigor verticalista. Los fundamentos podrían haber sido suministrados a Sagasti desde el Directorio del Banco Nación (Claudio Lozano). Luego sería el turno de abogados de confianza que fungen en la Procuración del Tesoro, presionados a preparar, a contrarreloj, argumentos de emergencia que pretendieron dar sustancia a la intervención.
En esa vorágine de resolver con rapidez ingresaron Presidente y Vicepresidenta. Dos abogadas de fuste, Graciela Peñafort y Vilma Ibarra, se anoticiaron del asunto cuando ya nada tenían por aportar a una adecuada construcción jurídica de la iniciativa. Lo que siguió es una tragicomedia de enredos. Por estas horas, pareciera que la decisión es dejar fluir el tema hasta que encuentre un acomodo razonable, o incluso se diluya. Entre otros condimentos para aplicar el freno de mano, es comentado que el Presidente se habría enterado en la reunión con el CEO de Vicentin (Sergio Nardelli), que para hacer funcionar la empresa, además de resignar el recupero de créditos de Nación y AFIP (previsible), deben inyectarse al complejo agroalimentario unos 400 millones de dólares frescos”. Todo ello, sin perjuicio del desgaste y del indisimulable rechazo que la decisión histórica” (palabras de Sagasti) generó.
En Córdoba, se han aliviado las inquietudes ante la descompresión del asunto. La poca gracia que todo esto habría causado a figuras como Máximo Kirchner, Sergio Massa o el gobernador santafecino Perotti es un activo valioso a la hora de las negociaciones, si es que el proyecto de ley que postule alguna forma de participación del Estado en la empresa Vicentin llega al Congreso.
Preocupaciones compartidas
Pero no solo en este sensible punto de la agenda política confluyen por estos días Olivos y el Panal. Relevando fuentes confiables, queda la sensación de que el diálogo entre ambas sedes ha mejorado. Las intranquilidades comunes son numerosas y obligan a deponer eventuales disidencias: la pandemia y el desbarajuste productivo consecuente dejarán a la Argentina en la peor situación socioeconómica en su historia. Estremece (y se espera que alguna negociación lo revierta) la retirada del IFE, que tuvo en la provincia 651.560 beneficiarios; el subsidio continuará, pero circunscripto al ahora tan recurrente AMBA”, una entelequia que de a poco parece estarse tragando al país entero. La suma de efectivo que se retira del circuito local es importante: más de 6.500 millones de pesos. Destacamos que, entre el total de beneficiarios para Córdoba, existen 183.311 personas que solo poseen, como única alternativa de subsistencia, el beneficio de la Asignación Universal por Hijo.
La crisis social que enfrentará el gobierno de Juan Schiaretti en lo que resta de su tercer mandato es contundente. Vivimos en Córdoba unos 3,8 millones, repartidos en aproximadamente 1,2 millones de hogares. Partamos de esa base para estudiar algunos números: al comienzo de 2020, participaban del Paucor 255.000 niños; en junio eran 270.000 (probablemente originarios de un 20% del total de hogares la provincia) y el número sigue creciendo. Un programa complementario como el Más leche más proteínas” creció casi un 20% entre marzo y junio, de 218.000 a 255.000. Dos prestaciones nacionales son también un indicador útil para tomar el pulso al drama social: la tarjeta Alimentar, que es utilizada para el sustento de toda la familia, beneficia actualmente a 117.200 cordobeses. La Asignación Universal por Hijo llega a 289.000: 30% de los hogares, más concentrados en su conurbano.
En suma, la indigencia está penetrando la provincia al galope: creciendo entre 10 a 15 puntos en solo un trimestre. Considerando que en la Argentina pre pandemia el 40% de la economía ya era informal, mientras que la cantidad de pobres respecto al total de habitantes estaba entre el 40,8% y el 43%, el corto plazo es desolador. Ni Córdoba podrá prescindir de un vínculo con Nación, ni ésta podrá desentenderse, pues estallarán en la provincia problemas similares a los que pretende contener en el ABMA.
Si a la Argentina de Macri le sobraban 15 millones de habitantes, a la de Alberto le sobrarán 25” dice un analista que conoce bien la intimidad del poder. Será un país que, además de no permitir errores de gestión, prácticamente exigirá el acuerdo de los oficialismos de cada jurisdicción. Cada paso, y cada peso, deberán desplegarse cuidadosamente.