El proyecto de Ley de cobertura integral de la fibrosis quística obtuvo ayer dictamen unánime durante un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores de la Nación, y podrá ser debatido el próximo jueves sobre tablas en una sesión especial.
El proyecto, recibido en revisión de Diputados, declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, y recarga sobre las obras sociales y las prepagas el tratamiento de un proceso médico que, se calcula, cuesta alrededor de 300 mil dólares por paciente por año.
La iniciativa obtuvo las firmas necesarias luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidiera a los legisladores del Frente de Todos que respaldaran el proyecto tras comunicarse con la vicepresidenta de la Nación, y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
La iniciativa fue apoyada por el oficialismo y la oposición, pese a que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, descalificó la sanción de la Cámara baja minutos antes.
El funcionario fue invitado a exponer sobre la iniciativa, a la que calificó como «una ley con inequidad» porque «es exigible a la estructura del sistema nacional» pero «deja afuera a las obras sociales provinciales o a los que no tengan obras sociales».
«Va a ser muy difícil que los objetivos de la Ley puedan ser cumplidos», dijo González García a través de videoconferencia, y agregó que «uno de los artículos tremendos es el de la incorporación al Programa Médico Obligatorio» (PMO).
El ministro, durante el plenario de las Comisiones de Salud, Presupuesto y Trabajo del Senado, aseguró que «es una muy buena intención, pero con muy pocas posibilidades de ser concretadas», y pidió «imaginar el precio para cualquier estructura de obras sociales».
«No me explicaron en Diputados por qué avanzaron con una ley así sin pasar por comisiones. Ojalá esto fuera una solución. Pero esto no lo es», sentenció el funcionario.
Las declaraciones de González García fueron respaldadas por los senadores del Frente de Todos, como el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés peronista Carlos Caserio, quien calculó que «por año el tratamiento le costará al Estado 420 millones de dólares, y eso no es menor».
El opositor Julio Cobos, de todos modos, pidió avanzar con el dictamen con algunas correcciones porque las declaraciones del funcionario «van a caer como un balde de agua fría para las familias», y recordó que «incluso la primera dama (Fabiola Yáñez) hizo campaña a favor de esta ley».
Sin embargo, cuando estaba terminando la reunión y González García ya se había desconectado de la audiencia, la oficialista Fernández Sagasti intervino para anunciar que «el oficialismo del Senado tiene la voluntad de firmar el dictamen de la media sanción tal cual está».
«El Presidente (Alberto Fernández) se comunicó con la Vicepresidenta de la Nación (y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner). Le pidió que el oficialismo firme hoy el dictamen tal y como está, y que los inconvenientes que planteó el ministro de Salud serán corregidos mediante decreto parcial por el Presidente de la Nación», afirmó la senadora.
