La Legislatura de Córdoba modificó la ley 9459 para que el Código Arancelario de Abogados y Procuradores provinciales se actualiza al valor del incremento Jus -la Unidad Económica que determina sus honorarios profesionales- en la misma proporción en que se incrementen las remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de juez de Cámara con una antigüedad de ocho años, incluidos rubros remunerativos y no remunerativos al ciento por ciento. Esto provoca que los honorarios de los profesionales se actualicen pero, a la vez, encarece el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía.
En este sentido, el legislador Alberto Ambrosio del bloque Juntos por el Cambio –autor de la iniciativa- aseguró que no se trata de privilegiar a un sector sino de atender estos reclamos que son tan válidos como otros. Quiero resaltar la participación del Colegio de Abogados, a la Federación y a la FEPUC”.
El proyecto es la primera iniciativa de la oposición que sanciona la Unicameral desde el cambio de gestión ocurrido el pasado 10 de diciembre de 2019.
Como fundamento de la modificación del valor del jus (medida para la cuantificación del valor de los honorarios profesionales) Ambrosio señaló que resulta imperioso llevar el valor del jus de los 50 pesos de sus inicios (en 2008) a la suma actual de 1.526,68 pesos.
Uno de los pocos puntos que generó controversia durante el debate fue el artículo seis, donde especifica que los honorarios de los profesionales alcanzados por esta modificaciones «revisten carácter alimentario y constituyen una retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que podrá aumentarse, pero no disminuirse” y que en ningún caso, «los jueces podrán apartarse de los mínimos establecidos en la escala que establece el artículo 36 de la ley».
Precisamente, la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) expresó, durante su intervención para pedir la abstención en la votación, que el proyecto pretende establecer el carácter alimentario de los honorarios profesionales de los abogados. En ese sentido, la legisladora dijo que en su bacada «no nos vamos a oponer, pero vamos a ser muy tajantes a la hora de establecer una diferenciación» ya que «una cosa es la labor de los abogados que viven del fruto de su trabajo y otra es los que han creado empresas que viven de la industria del juicio que encarecen el acceso de la justicia, acá lo que se está haciendo es ceder a la presión de las corporaciones, legitimando que este atado a lo que cobre un camarista en la provincia. Lo que en realidad se legitima son los honorarios de una casta judicial que cobra suma siderales y es funcional al poder político”, apuntó.
Aunque votó a favor, su compañera de bancada Luciana Echevarría del Movimiento Socialista de los Trabajadores coincidió en señalar en la necesidad de garantizar la accesibilidad universal a la justicia, sobre todo para los sectores más vulnerables que siempre quedan afuera por los costos que representa”.
La ley establece que toda actividad profesional se presumirá como «onerosa» y que «el TSJ deberá informar el último día hábil de cada mes, a todos los organismos judiciales y a los colegios de abogados de cada circunscripción judicial, el valor del Jus y de la unidad económica vigente para el mes siguiente».
Contempla también que en el caso que los jueces de Cámara no percibieran ningún aumento en 12 meses, se conformará una comisión con representantes del TSJ, los colegios de abogados y la federación para calcular la actualización del jus y «garantizar la movilidad de la retribución de los profesionales».
El legislador Juan Manuel Cid aclaró que si bien esta es una reforma puntual que regula una unidad de medida para que no quede librado al arbitrio de una institución sino que tenga parámetros objetivos” la conformación una comisión incluida en el texto de la ley será la que se abocará eventualmente al estudio de una reforma integral del Código Arancelario que contemple en un sentido más amplio el acceso a la justicia por parte de sectores vulnerables y de bajo poder adquisitivo que hacen imposible afrontar los costos que implican recurrir a la vía judicial.
Es una gota de agua en el desierto, pero también es un paso adelante. El dinero no sale del presupuesto público sino de los clientes de los estudios jurídicos” aseguró el legislador Marcelo Cossar del bloque de la UCR al momento de expresar el apoyo de su bancada a la iniciativa.
A partir de la modificación del artículo 36 de la ley 9459 se estableció que «los honorarios del abogado por los trabajos de primera instancia en toda clase de juicios, salvo disposición en contrario, serán fijados en un porcentaje máximo del veinticinco por ciento de la base regulatoria y un mínimo que resulte de aplicar la siguiente escala sobre la misma: a) Hasta cinco UE, un mínimo del 20 por ciento; b) De más de cinco y hasta quince UE, un mínimo del 18 por ciento; c) De más de quince y hasta 30 UE, un mínimo del dieciséis por ciento; d) De más de 30 y hasta 50 UE, un mínimo del catorce por ciento; e) De más de 50 y hasta 100 UE, un mínimo del doce por ciento, y f) De más de 100 UE, un mínimo del diez por ciento».
La modificación de la norma llega después de que el Colegio de Abogados de Córdoba lograra revertir una decisión de la Administración General del Poder Judicial de la Provincia que ajustaba «a la baja» el valor del jus. Tras los reclamos del titular de la entidad colegiada, Ignacio Segura, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) volvió atrás con la modificación que tuvo vigencia sólo durante julio y se restableció a partir de agosto el valor del jus en 1.526,68 pesos.
«En ningún caso, exista o no base económica, los honorarios del profesional podrán ser inferiores a veinte jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos ordinarios; a quince jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos abreviados; a diez jus por la tramitación total en primera instancia en procesos ejecutivos y ejecutivos especiales y a cuatro jus por cualquier acto procesal», especifica el texto de la ley.
Peritos
En el caso de los honorarios de estos profesionales la norma establece que desde el momento en que se presenta el dictamen pericial, los peritos adquieren el carácter de terceros interesados y en la medida de su interés se encuentran facultados para tomar vista del expediente y para solicitar la restitución de los autos si fuere menester.”
Obligación de los tribunales
A través de la modificación del artículo 26 de le ley 9459 se estableció también la «obligación de regular» honorarios que tienen los tribunales «a petición de parte o, en todos los casos, a la contraria de la condenada en costas, en toda resolución interlocutoria o definitiva, si existe base económica». En este punto además se fijó que «en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el monto que se regule puede estar por debajo de los honorarios mínimos que establece la presente ley.”
Desde el Colegio de Abogados logramos movilidad ascendente en el valor de los honorarios profesionales”, celebró el presidente de la institución Ignacio Segura, quien aseveró que la modificación aprobada por la Legislatura ratifica la progresividad positiva del valor del jus y su carácter obligatorio, inderogable e irrenunciable”. Esta medida le permite a los profesionales discutir el valor de sus honorarios, en el hipotético supuesto de inmovilidad del mismo, con la conformación de una comisión mixta integrada por el Poder Judicial de Córdoba y los representantes de la abogacía organizada”, explicó.
