El recorte salarial que la gestión del intendente Martín Llaryora aplicó sobre los empleados de la Municipalidad de Córdoba también generó podas en los ingresos de los jubilados municipales. Según los datos de la Caja de Jubilaciones, el haber promedio de los casi 6.000 pasivos pasó de 108.397 en enero pasado a 97.230 en agosto último. El viernes pasado, esta situación de movilidad descendente” generó la primera reacción judicial.
Es que la Cámara Contencioso Administrativa de segunda nominación admitió una acción de amparo colectivo interpuesta por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) y siete afiliados jubilados en contra de la llamada movilidad descendente” instrumentada por la Caja. El gremio cuestiona que se aplique a jubilados que trabajaron siete horas una poda que se justifica en la reducción a seis horas de la jornada laboral de los actuales empleados.
Además, la Cámara concedió una medida cautelar y ordenó al organismo provincial que a partir de la liquidación de los haberes previsionales de julio de 2020, asegure la integralidad del núcleo duro” del 82% móvil, calculado sobre la remuneración líquida del activo, como garantía de la movilidad, proporcionalidad, irreductibilidad y solidaridad previsional contemplados en la Constitución provincial. Para aquellos jubilados a quienes se les practicaron recortes, la Cámara reconoce el derecho al reintegro de toda diferencia de haberes que no armonice con los alcances de la medida cautelar ordenada.
Deberán hacerse efectivos con retroactividad a julio 2020, con la liquidación del haber inmediato posterior al del dictado de la resolución”, según indica la resolución judicial. Patrocinado por el abogado Féliz López Amaya, el Suoem cuestionó que se practiquen descuentos a los jubilados y pensionados del sector de la Municipalidad de Córdoba en función del recorte de los salarios de los activos realizado por aplicación de la ordenanza número 13.033, que dispuso reducir la jornada laboral de 7 a 6 horas diarias.
Alumbrado: advierten una privatización
Trabajadores de la Dirección de Alumbrado Público municipal denunciaron ayer el desembarco de empresas privadas en el sector, por lo que ya avanzan en la elaboración de un plan de lucha en defensa de las funciones laborales. Con el respaldo de todas las reparticiones de las áreas operativas, el Suoem realizó una asamblea en la Dirección de Automotores, donde los trabajadores dieron detalles sobre la situación.
Con la nueva privatización del Ejecutivo están dejando a los compañeros sin funciones. Han licitado todo el alumbrado y lo están dividiendo en cinco zonas. El hecho de que la Tamse se haya hecho cargo de cubrir los lugares por donde transitan los trolebuses, sumado a que algunas privadas ya habían desembarcado con anterioridad, hace que la tarea de los compañeros se reduzca a su mínima expresión”, advirtió Marcos Moyano, representante de la gremial de áreas operativas, en diálogo con Diario Sindical.