Una de las causas que investiga presuntas tareas de vigilancia ilegal realizadas durante el gobierno de Cambiemos avanzó ayer en Dolores, cuando el juez federal Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los titulares de entonces de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires. Las citaciones se ordenaron en el marco de la causa en la que está detenido el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El magistrado convocó para el martes y miércoles próximo a la cúpula de la AFI luego de una investigación que detectó una red de espías que operó de manera clandestina bajo el paraguas del Proyecto Amba”, con la excusa de detectar delitos complejos como el narcotráfico o la trata de personas en el territorio bonaerense. Sin embargo, al parecer, en la práctica las seis bases no funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: Se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político”, argumentó el juez.
Además, Ramos Padilla amplió el procesamiento al también ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por realización de acciones de inteligencia prohibidas” y procesó sin prisión preventiva al ex espía Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto Amba. De la investigación judicial surge que, por ejemplo, en los informes de inteligencia elaborados por la delegación Ezeiza -bajo las órdenes de Bogoliuk- prestaron un puntual interés en las actividades políticas, sociales, partidarias y gremiales desarrolladas por las organizaciones como así también por los referentes con presencia territorial en ese partido.
Otro de los objetivos recurrentes mencionados en los documentos de inteligencia detectados por la justicia se vinculaba con el monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos, con miras a las elecciones desarrolladas en 2017”, según reconstruyó Ramos Padilla. Se pudo observar que las actividades de inteligencia desplegadas por las bases dependientes de Pablo Pinamonti, se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos”, detalló el magistrado. De la resolución surge también que en su última declaración Pinamonti aseguró que él efectuaba reportes diarios de la información de inteligencia producida por las nueve delegaciones provinciales directamente a la subdirección de la AFI, a cargo Majdalani.
Los familiares pidieron ser querellantes
Las abogadas que representan a familiares de 26 de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan pidieron ayer ante la Justicia Federal de Mar del Plata ser incorporadas como querellantes en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal realizado sobre ellos por parte de la AFI durante el gobierno de Cambiemos mientras se intentaba establecer qué le sucedió al buque de la Armada Argentina. La presentación fue realizada tras la denuncia que hizo el miércoles último la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a partir de material probatorio hallado en la delegación Mar del Plata del organismo.