La inauguración del Orfeo Superdomo, en 2002, completó la renovación de un importante espacio urbano cordobés. Cerró la obra de un grupo emprendedor local, reconocido más allá de los límites de la provincia y prestigiado por la iniciativa, integrada en ese punto por un centro comercial y un hotel; en un espacio físico contiguo, se erigió por dicha empresa, un complejo de departamentos ABC 1.
Trazos importantes para seguir escribiendo la historia de una Córdoba moderna, que se proponía nuevos objetivos, imaginándose capaz de avanzar hacia otros planos, en tanto plaza de relieve. Mostrando un adecuado nivel de entendimiento entre burguesía y gobierno. A pesar de las recurrentes crisis, ese trabajo en tándem consolidaba a Córdoba por sus ventajas naturales o creadas (mediterraneidad, accesos, nodo para el trasporte terrestre y aéreo, tradición cultural, servicios, capacidad instalada educativa y científica, etcétera) como un espacio prometedor para el negocio del entretenimiento, las convenciones académicas o de negocios, el turismo cultural o eventos, la inversión inmobiliaria, emprendimientos comerciales que puedan impulsarse con base en el mall, y demás.
Dos décadas después, su dueño ha planteado que el giro de negocio del Orfeo es inconsistente por su imposibilidad de utilización. Viene anunciando por diversos medios de manera pública (y, me dicen, también en reuniones reservadas con actores calificados, incluso gubernamentales) la necesidad de dar un vuelco a este delicado asunto.
Ante las primeras noticias, algunos plantearon que estaba en juego la propia marca de la ciudad como opción; otros, que el cierre del espacio atentaría contra la identidad cultural cordobesa. No faltó quien señalase que es derecho de su propietario darle al inmueble el uso que considere más apropiado, en tanto la iniciativa encuadre en derecho. Mientras el debate diletante y las decisiones públicas seguían su curso fútil, un pedido de demolición del edificio estalló en la prensa y en los despachos de los funcionarios públicos.
Es probable que, en países más adelantados, los representantes locales muestren mayor training” para afrontar estas situaciones; pero, claro, Córdoba ni siquiera figura entre las 300 ciudades de mayor PBI mundial, según el conocido ranking de Global Metro Monitor, donde Buenos Aires es la única ciudad argentina (puesto 32); y sí aparecen Tampa o Curitiba (hermandadas con Córdoba, no aprendimos tanto); o municipios como Tulsa, Recife, Bangalore, de las que no deberíamos estar tan lejos (o, al menos, alguna vez no lo estuvimos).
Empecemos por ubicarnos en terreno. Resulta odioso que el inicio del expediente administrativo en un CPC haya sacado a la élite del gobierno municipal de la abulia: la empresa propietaria de predio, a través de su titular, había desplegado una intensa actividad previa. ¿Es que realmente nadie sabía nada sobre los pasos que venía meditando este grupo privado? ¿O no se le prestó la atención suficiente?
Fastidia, además, que el expediente en cuestión sea una brasa caliente en manos de quienes deben resolverlo. Es verdad que su inicio debe situarlo en sede administrativa. Pero, por la dimensión que encierra, no puede agotarse en los pasos de rigor, como si se tratara de un pequeño galpón de la periferia. Insistimos: Orfeo Superdomo vino a completar el proyecto que definió una zona entera de la ciudad, de una Córdoba que ingresaba al siglo XXI ofreciendo servicios de valor agregado. Las autoridades municipales estuvieron entonces comprometidas, autorizando desarrollos y estableciendo medidas promocionales. ¿Puede ahora resolverse el trámite con cuatro sellos?
Es extraño escuchar murmullos en el bloque de concejales oficialista ante el pase de las actuaciones al cuerpo deliberativo, como a ediles opositores farfullar sobre la actitud del Intendente (algunos dicen que también hubieran protestado si Llaryora hubiera resuelto sin remitir el expediente al Concejo, porque quejarse les queda bien).
No parece que el Intendente tenga opciones, ante el peso de la Carta Orgánica Municipal, que establece como políticas especiales del Estado local planificar el desarrollo urbano, coordinar iniciativas armoniosas de la identidad cultural y el entorno, proyectar acciones de renovación en esos rubros, e impulsar la identidad cultural (artículos 27, 28, 30, 31); poniendo en cabeza del Concejo Deliberante sancionar ordenanzas sobre materias propias de la competencia municipal” antes definida (artículo 64, incisos 1 y 26). Se trata de una decisión profundamente institucional. Requerirá de una madurez y una templanza adecuada.
La exploración de diversos escenarios, analizando opciones, pensando en serio hacia dónde va el negocio de eventos, los espectáculos, los servicios, la cultura, y precisando técnicamente cuánto aguanta la espalda de Córdoba, de sus gobernantes y sus empresas. Un trabajo imbricado entre oficialismo y oposición, porque se juega el futuro de un modelo de ciudad.
También escuchar e intercambiar posiciones con la empresa propietaria del predio, lo que no excluye seguras asperezas y probablemente reclamos recíprocos, en un juego donde el sacrificio compartido debiera aparecer como una opción.
Las Comisiones del Concejo tienen delante de sí una oportunidad histórica para mostrar su jerarquía. Las autoridades del Ejecutivo deberán nutrirla de fundamentos, informes. La sociedad civil tiene una chance para aportar elementos serios. El mundo empresario (no solo los propietarios del Orfeo) se juega más que un cambio de destino de uso del suelo. Es absurdo que algunos concejales evalúen si van a participar de este debate, o no lo harán. Se trata del futuro de la ciudad: es el partido que todos aquellos que posean vocación de servicio debieran jugar.