La Justicia entrerriana resolvió hoy no hacer lugar al pedido de desalojo en un predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos de la familia Etchevehere, y propuso a las partes «pensar una solución pacífica y armónica», según el fallo conocido hoy.
Dolores Etchevehere «probó en la audiencia que fue declarada también heredera» de los predios, según afirmó el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores, en su resolución de este mediodía.
En el fallo, el magistrado remarcó que el ingreso al predio fue «pacífico y sin violencia» y que la denuncia contraria no indicó ni probó «un hecho violento más que el número de personas» presentes.
El predio Casa Nueva, ubicado sobre la ruta provincial 48, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en el noroeste entrerriano, entró en disputa entre Dolores Etchevehere y su familia, entre ellos el exministro de Agroindustria del gobierno de Cambiemos Luis Etchevehere.
Dolores Etchevehere busca ceder parte de ese predio para el desarrollo de una iniciativa denominada Proyecto Artigas, que lleva adelante un modelo agrario sostenible llevado a cabo por un grupo de campesinos sin tierra, activistas y organizaciones ambientales en esa provincia.
Según los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, el pasado 15 de octubre a las 11, Dolores y un grupo de unas 40 personas ingresaron a «Casa Nueva», y exigieron la entrega de las llaves del predio que, ante la negativa, tomaron y se instalaron en el lugar.
Allí realizaron trabajos en la tierra y les comunicaron a los trabajadores del lugar donde no podían dirigirse ni transitar, impidiendo «el normal trabajo e intimidándolos».
La fiscalía había adjudicado «violencia y engaño» por parte del grupo encabezado por Dolores, pero el juez no indicó ni probó «otro hecho violento más que el número de personas», por lo que luego aclaró que «en realidad fue pacífico y sin violencia».
En su fallo, el juez resaltó que la denuncia sobre una usurpación del inmueble con violencia «no fue acompañada por prueba alguna de que alguno de ellos haya desplegado violencia o algún tipo de amenazas».
Los abogados querellantes habían denunciado un «engaño» para poder ingresar y «darse a conocer como heredera»; pero el juez recordó que los empleados «saben que los patrones son la familia Etchevehere» y que la propia fiscalía probó que Dolores también «fue declarada heredera».
Por ende, «no hubo tal engaño en el proceder, y no invocó ella a su ingreso al campo ni más ni menos de lo que es: una heredera de don Luis Etchevehere», agregó en el fallo.
El juez Flores dedujo que los herederos omitieron «inventariar el inmueble donde se asienta el campo Casa Nueva» y a la fecha «no hay partición», por lo que los hermanos son «condóminos y dueños por igual por todos los bienes hasta que culmine el sucesorio».
Además, destacó que «eso dejaría en pie» una asamblea societaria en la cual Leonor Barbero Marcial y sus hijos, le cedieron a Dolores 129 hectáreas del campo Casa Nueva.
Finalmente, el juez resaltó que la disputa familiar por la herencia «no puede ser resuelta en sede penal por estar claramente confundidos los verdaderos dueños del campo presuntamente usurpado».
Además, «no ha podido ser acreditado» el delito y por ello no puede ser «válidamente despachada la medida cautelar de desalojo».
«Pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde el derecho de las familias me lleva a la necesidad de ofrecer pensar una solución pacífica, armónica, desde el ganar-ganar, distinta a lo visto hasta entonces», concluyó el juez.
Tras enterarse de la decisión judicial, el ex ministro de Agroindustria anticipó que apelará el fallo y cuestionó los fundamentos del magistrado. «Ya le dimos instrucción a nuestro abogado para que apele la medida, que seguramente irá a la Cámara en la Ciudad de Paraná.
Es rarísimo, porque acá no estamos hablando de una discusión familiar, sino de un delito penal, una usurpación de un bien», sostuvo el ex funcionario nacional. En declaraciones a la prensa tras enterarse de las novedades judiciales, el ex presidente de la Sociedad Rural añadió: «El juez dictaminó que no va a decidir el desalojo del campo basado en su formación de derecho de familia y dice que al no tener el conocimiento técnico en derecho penal en vez de dictar el desalojo del lugar, recomienda a los hermanos que tengamos una reunión y nos reconciliemos».
«No tuvo en cuenta la gravedad de este tema, no evaluó profundamente las pruebas presentadas. Él mismo admite que no hay un conocimiento del derecho penal. Está tomando una decisión con dudas, pero los que no tienen dudas son los fiscales», añadió.
Al ser consultado sobre el planteo de Flores de que haya un diálogo entre los miembros de la familia Etchevehere, el ex ministro lo descartó: «La parte del diálogo estuvo en 2018: llegamos a un acuerdo judicial, firmado, avalado por ella. Ya está terminada esa etapa».
«Hay un grupo de delincuentes liderados por Grabois que están adentro de un campo con la complicidad de una persona que es pariente nuestro. Están usurpando un bien», indicó. Y añadió: «Vamos a seguir hasta el último día en la puerta de nuestro establecimiento y no nos vamos a ir hasta que haya un fallo en el cual se restituya el bien a los legítimos propietarios, Las Margaritas S.A., y saque a los ocupantes ilegales».
En declaraciones radiales previas al fallo judicial, Dolores Etchevehere tildó a sus hermanos de «delincuentes», advirtió que va a «llevar a las ultimas consecuencias» y anticipó que hará «una auditoría exhaustiva» de «cada acto, cada decisión tomada, cada crédito desviado, todo, absolutamente todo».
«Voy a llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Vamos a analizar todo, hasta el último papel, sobre todo la rendición de cuentas de los once años que tuvieron de facto la administración de todos los bienes. Van a ser analizados todos sus actos administrativos al mismo tiempo y en la misma línea», subrayó.
Y añadió: «Hay un fraude al Estado y eso también se está investigando. Es una cuestión familiar, pero también pública, porque se ha defraudado al Estado, se han fraguado documentos públicos».
A la vez, el conflicto desembarcará en los Tribunales federales de Comodoro Py: la mujer prestará declaración testimonial el próximo lunes ante el fiscal federal Federico Delgado en el marco de una denuncia que realizó por presunta violencia económica y extorsión contra sus tres hermanos.
La Estancia Casa Nueva, ubicada en el distrito entrerriano de Santa Elena, trascendió a nivel nacional luego de que Dolores Etchevehere autorizara a trabajadores rurales y movimientos sociales a desarrollar allí el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica, en medio de la disputa familiar por los bienes de la sucesión de Luis Félix, quien falleció hace once años.
