El bloque de diputados del Frente de Todos consiguió junto a bloques provinciales, emitir esta tarde dictamen favorable al proyecto de ley de Presupuesto 2021, que contempla un incremento de la economía del 5% del PBI y duplicar el gasto de capital para instrumentar un ambicioso plan de obras públicas que el oficialismo aspira a votar en una sesión que se celebrará la próxima semana.
La bancada oficialista, que preside Máximo Kirchner, aspira a tratar esta iniciativa el próximo miércoles en una sesión especial mixta, donde la mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio concurrirá en forma presencial.
El dictamen de mayoría fue respaldado por 26 de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Los legisladores que firmaron el dictamen pertenecen al Frente de Todos y a los interbloques Federal y de Unidad y Equidad para el Desarrollo, lo que le asegura tener una mayoría de alrededor de 137 votos para aprobar en el recinto el proyecto.
De esta forma, el oficialismo no dependerá del bloque de Juntos por el Cambio, que no firmó el despacho de comisión.
Desde la oposición, el diputado del Pro Pablo Torello dijo que los legisladores del bloque Juntos por el Cambio «no suscribieron el dictamen debido a que aún no pudieron analizar los cambios que se sumaron» y anticipó que definirán su postura previo a la sesión de la próxima semana.
En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, destacó los «cambios introducidos que recogen las inquietudes para tratar de construir los mayores consensos posibles».
El despacho de mayoría respalda los ejes macroeconómicos proyectos por el gobierno de un déficit del 4,5%, un incremento de la actividad económica del 5%, una inflación del 29%, y un gasto global de más de $ 8 billones, están calculadas en una situación de haber superado la pandemia del coronavirus.
Otro aspecto clave es que por primera vez el presupuesto fue diseñado con perspectiva de género, ya que se destinarán hacia esas políticas 15% de los recursos previstos para 2021, mientras que más de 65% del total de los fondos corresponderán a gastos sociales.
A diferencia de lo que sucedió en otros años, el primer presupuesto del gobierno de Alberto Fernández proyectó una fuerte reducción del pago de los intereses de la deuda pública tras haber logrado un acuerdo con los bonistas que tenían títulos emitidos bajo legislación extranjera.
Uno de los puntos centrales es haber duplicado los gastos de capital que alcanzarán el 2,2 del PBI con el fin de instrumentar un ambicioso plan de obras públicas, donde tendrán un rol central las obras de saneamiento de cloacas.
Cambios y nuevas propuestas
A lo largo de las discusiones, que empezaron formalmente a mediados de septiembre tras la presentación del proyecto, el dictamen sufrió numerosos cambios donde se aceptaron algunas propuestas de diputados del oficialismo y de la oposición.
Esto determinó que se sumaran alrededor de cuarenta artículos al proyecto, que fueron acordados con los funcionarios del equipo económico que conduce el ministro Martín Guzmán.
Una de las incorporaciones centrales fue sumar unos $7.000 millones en subsidios para los transportes del interior del país que ahora tendrán una partida total de $20.000 millones.
Sobre este último punto, el diputado de Córdoba Federal, Paulo Cassineiro, pidió que esa partida se ubique en 30 mil millones de pesos, un reclamo que no fue aceptado por el oficialismo, lo que motivó que el legislador firmara el despacho con disidencia parcial.
También se decidió incrementar la alícuota que tributan los juego de azar y apuestas en 5 por ciento, si bien también quedó claro que la tasa se puede reducir a la mitad si lo recaudado es destinado a inversiones genuinas.
El diputado oficialista Ariel Rauschenberger también propuso que en el caso de juegos de azar realizados desde el exterior, en especial desde jurisdicciones no cooperantes, la alícuota se eleve al 15 por ciento.
En el dictamen también se aceptaron propuestas de diputados del interior como la creación de aduanas de la provincia de Misiones, o la transferencia automática de los recursos del Fondo del Tabaco, como pedían las provincias de Jujuy, Corrientes y Misiones.
Otro reclamo que se incorporó fue el pedido del ex gobernador de la Rioja Sergio Casas que eleva a $12.400 millones las partidas por compensación de la coparticipación.
También se aceptó incorporar un compromiso de cancelar las deudas con La Pampa y Santa Fe para cumplir los fallos de la Corte Suprema.
Además se estableció una contribución obligatoria de las primas de seguros, excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras que será destinado al Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
