Funcionarios y legisladores oficialistas acordaron ayer que impulsarán el sistema de ajuste de las jubilaciones que estuvo vigente en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con un aumento semestral mediante una fórmula consistente en un mix de índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%).
La decisión fue adoptada en una reunión telemática que se realizó en el Ministerio de Economía entre los miembros del oficialismo que conforman la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.
Se indicó que «la fórmula que se propone es sustancialmente la misma a la sancionada en el año 2008 y que resultó en una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas hasta el año 2015».
«Dicha fórmula tiene como antecedente directo la establecida por la Ley N° 26.417 que estuvo vigente desde 2008 hasta su derogación en 2017, y sus elementos constitutivos básicos, los salarios y la recaudación (en un 50% cada uno), han sido validados por los y las especialistas, nacionales e internacionales», agregó un comunicado de los participantes.
Y destacaron que «la fórmula de movilidad debe contribuir a la estabilidad macroeconómica, en términos de la recuperación real y en su efecto positivo sobre la demanda, sin convertirse en un elemento desestabilizante».
Participaron de la reunión el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
Por el Poder Legislativo estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque del FdT, Máximo Kirchner, y su par del Senado, José Mayans; el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, Marcelo Casaretto; su colega del Senado, Daniel Lovera y el presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller.
En el comunicado, agregaron que «se espera que la fórmula que se propone y que deberá comenzar a regir en el año 2021, a diferencia de la sancionada en 2017, generará un incremento del poder adquisitivo de los haberes; gracias al aumento del salario real y de los recursos de Anses».
Abunda en que «una fórmula que incorpora a los salarios implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos. Por ese motivo, en el marco de la Comisión Bicameral mencionada, la posición de la mayor parte de los especialistas es que la evolución de los salarios debe ser parte de la fórmula de movilidad. Es importante notar que los fallos de la Corte Suprema respaldan esta posición»
Considera además que «incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal. La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios»
«En este aspecto, lo importante es lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema, en el marco de una trayectoria fiscal que permita ganar espacio de política para ir generando más y mejores políticas redistributivas.»
El oficialismo informó que «se recupera el tope a los aumentos anuales, que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de Anses (multiplicado por 1,03). Este tope estuvo vigente entre 2009 y 2017 y es clave para garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social, evitando que los gastos crezcan sistemáticamente más que los recursos y el déficit previsional crezca sin control (como sucedió entre 2016 y 2019). Esta condición de sustentabilidad había sido eliminada con la reforma del 2017.»
Destacaron que «se incorpora una cláusula de legislación constante que establece que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad».
El Gobierno de Mauricio Macri había dejado sin efecto el sistema aplicado por el Gobierno peronista y estableció su propio índice, que, según los análisis, había perjudicado los haberes del sector pasivo.
El macrismo impuso una fórmula que calculaba un índice compuesto por el 70% de la variación trimestral de los precios y el 30% de la evolución, en igual período, de los sueldos de los empleados registrados.
