La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
La iniciativa fue aprobada con el respaldo de 132 votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, y la izquierda, mientras que Juntos por el Cambio, el Movimiento Popular Neuquino y el Partido Social reunieron 96 sufragios por la negativa, y hubo 4 abstenciones.
La iniciativa -impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner- se aprobó en el marco de una extensa sesión -que comenzó ayer al mediodía y continuaba esta mañana- y que contó con la participación en los palcos de invitados de militantes a favor de la protección del medio ambiente.
En el último tramo del debate hubo fuertes cruces con gritos incluidos entre diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, cuando el diputado oficialista Leonardo Grosso aseguró que «el fuego va a dejar de ser un negocio» y consideró que es «incompatible» ser ambientalista y de Juntos por el Cambio.
Esta situación obligó al presidente de la Cámara, Sergio Massa, a pedir orden en medio de los gritos y las interrupciones de Juntos por el Cambio al discurso de Grosso.
En el cierre del debate, Grosso cuestionó a funcionarios de la gestión anterior y consideró que «es incompatible ser medioambientalista y neoliberal: ser de Cambiemos y medioambientalista».
En tanto, rechazó la postura de la oposición, al señalar que «están defendiendo otros intereses y no lo quieren decir: defienden el negocio inmobiliario, defienden el negocio agropecuario».
Desde Juntos por el Cambio, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló: «Compartimos la agenda vinculadas a los temas ambientales», dijo pero consideró que el proyecto que «nos propone el oficialismo no otorga una mayor protección ambiental».
«El proyecto es un berenjenal y mete todo en una misma bolsa donde no hay separación entre los incendios accidentales e intencionales», afirmó y dijo que «legislan sobre las cenizas».
En tanto, la diputada nacional de Consenso Federal Graciela Camaño, manifestó su respaldo al texto y sostuvo que lo que hace es «resguardar la recomposición del suelo», a la vez que dijo que «no se están bajando los niveles de protección».
En ese sentido, Camaño puso de relieve que «no hay criminalización» en el proyecto y precisó que «de lo que se trata es de cumplir con el artículo 41 de la Constitución para fijar condiciones mínimas para la recomposición del suelo».
El proyecto reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego y establece que «no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio».
El texto remarca que ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que «los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales» tengan garantizadas las «condiciones para la restauración de las superficies incendiadas», aunque ese plazo se puede extender si así se disponen en las leyes provinciales.
En esos períodos «no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares».
En el caso de que se trate de una zona agrícola, se impone una limitación de 30 años.
Tampoco se podrá «hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio».
En el inicio del debate, la diputada oficialista Daniela Vilar -al defender el dictamen de mayoría- destacó que «las grandes potencias son las que generan el mayor pasivo en materia ambiental, y las menos desarrolladas están en mayor grado de vulnerabilidad».
«Debemos construir un nuevo paradigma, porque estamos viviendo una situación compleja en nuestro país, por lo que es necesaria una nueva legislación que contemple factores como la especulación inmobiliaria».
Señaló que es fundamental aprobar esta ley ya que «hoy tenemos 900 mil hectárea afectados y focos de incendio en 22 de las 24 provincias» en varios puntos del país.
Desde Juntos por el Cambio, la radical Brenda Austin, consideró que se trata de una ley «regresiva en el terreno ambiental» y añadió: «Tienen (en referencia al Frente de Todos) discurso para todos los públicos pero mientras se incendiaba casi un millón de hectáreas recortaron el presupuesto de manejo del fuego; y de 30 aviones operando pasamos a seis».
«Esta ley no viene a proteger los bosques sino a quitarles una protección a perpetuidad que ya tenían con las leyes vigentes. Están cometiendo una violación al principio de no regresividad en materia ambiental. Están aprobando una ley que violenta y perjudica a los bosques», agregó la diputada cordobesa.
Por su parte, Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, había anticipado su voto a favor en general, aunque señaló: «En nuestra provincia nos regimos con una ley más amplia que este proyecto que se está tratando».
Según el último reporte oficial del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (Snmf), las provincias de Jujuy, Entre Ríos y Tierra del Fuego presentaban ayer focos activos de incendios.
El organismo indicó que los incendios continuaban ayer en las localidades jujeñas de La Unión Seca, Parque Nacional Calilegua, Ledesma, Bananal, La Lucrecia y la Reserva Provincial, pero el fuego que afectaba a Las Lancitas, en esa misma provincia, fue totalmente extinguido.
Mientras se debatía la iniciativa en el Congreso, se conoció -a través del Boletín Oficial- que el Gobierno nacional dispuso la transferencia de la Dirección del Servicio de Manejo del Fuego desde la órbita del Ministerio de Seguridad hacia el de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Se trata de la Decisión Administrativa 2068/2020 de la Jefatura de Gabinete, que lleva las firmas de Santiago Cafiero y del ministro Juan Cabandié, y determina que el traspaso «comprende las unidades organizativas, créditos presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes a la fecha y el personal con su actual situación de revista».
