El presidente Alberto Fernández promulgó hoy la ley que permitirá la entrada en vigencia de la interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país, destacó su «alegría» porque ahora es «una promesa de campaña cumplida» y afirmó que tras la aprobación del aborto ahora queda el desafío de «garantizar una educación sexual muy seria en todos lados» para evitar embarazos no deseados.
«Esto lo hicimos entre todos y todas. Para mí es un día de alegría por algo más: porque cumplí mi palabra empeñada. Es la culminación de un tiempo de lucha, las mujeres bregaron durante muchos años para que el aborto deje de ser un delito», sostuvo el mandatario al iniciar el acto de promulgación de la ley que encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.
E insistió: «Estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual». «Créanme que estoy muy feliz de ponerle fin al patriarcado, que es una gran injusticia. Es un gran paso, estamos igualando en sus derechos con los hombres», remarcó Fernández.
A su vez, dijo que tras la sanción de esta ley, en el horizonte «queda una tarea muy seria de garantizar una educación sexual muy seria en todos lados para prevenir embarazos que no se quieran». También hizo alusión a la otra ley que promulgó durante el acto, que se votó en simultáneo con la del IVE, conocida como la de los «Mil días».
«Si alguna vez una mujer tuvo el dilema de ser madre pero dudaba porque no sabía si lo iba a poder mantener, lo terminamos con esta ley. Hoy todas las mujeres saben que embarazadas van a tener un Estado que les da garantías de ingresos suficientes para que sus hijos puedan nacer y desarrollarse como corresponde. Y la que no quiera seguir avanzando con el embarazo, también pueda hacerlo», afirmó.
De la ceremonia participaron varias mujeres del Gabinete y del Frente de Todos, como la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la secretaria de Salud, Carla Vozzoti; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la diputada Cecilia Moreau.
Antes del discurso de Fernández, Ibarra remarcó la importancia que le da el Gobierno a los proyectos de maternidad”. Por otro lado, con respecto a la IVE, afirmó que la ley llega para dar un problema de la salud pública”.
Así, Ibarra consideró que esta ley no violenta las creencias de nadie todo, el mundo va a poder seguir viviendo y tomando decisiones según sus creencias y conforme a sus convicciones, pero algo habrá cambiado: ya no tendremos muertes en abortos clandestinos”.
A su turno, la ministra Gómez Alcorta comenzó su discurso destacando que estamos haciendo historia, y la lucha es el motor de la historia”.
La creación de este ministerio, y estas leyes, son ejemplos de esta alquimia que se produce cuando se abre una ventana de oportunidad cuando se articulan en la que se enlaza: la organización, la movilización y la lucha por los derechos, y la decisión política. Esta alquimia es absolutamente imbatible, y sabemos que son imprescindible ambas para llevar a cabo las grandes transformaciones”, destacó la ministra.
Por último, remarcó que con la aprobación de la ley nos asegura que nunca más una mujer o una persona con capacidad de gestar muera producto de un aborto clandestino”. Implicará una enorme transformación cultural, material y subjetiva vinculadas a la autonomía de los cuerpos y los deseos de las mujeres” finalizó Gómez Alcorta.
El proyecto del IVE fue sancionado durante la madrugada del 30 de diciembre pasado en el Senado, al igual que la denominada ley de los «Mil días», que busca acompañar con ayuda estatal a las madres sin recursos y a sus hijos hasta los 3 años de edad.
Con la promulgación de la norma de aborto legal, que lleva el número 27.610, entrará en vigencia en la Argentina la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
A partir de ese plazo se mantienen la legalización por las causales actualmente previstas en el Código Penal: violación, y riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
En tanto, se dispone de un plazo de diez días desde el requerimiento de la mujer o persona gestante para la realización de la práctica, y se autoriza al personal médico a ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando la vida o la salud de la mujer no se encuentren en riesgo.
El sistema público de salud deberá garantizar la práctica de forma gratuita, en tanto que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura del aborto legal al 100% en su Programa Médico Obligatorio (PMO).
