Con un alegato político y cargado de durísimos cuestionamientos al Poder Judicial, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó ayer su defensa por el caso conocido como dólar futuro, durante una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por medio de la plataforma Zoom y desde su despacho en el Senado, la ex mandataria aseguró que la causa se manipuló al calor del proceso electoral” de 2015 y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que exhortó a los jueces que deben decidir si se hace el juicio oral o no a que apliquen la ley”.

En una enardecida exposición, CFK cuestionó el papel del fallecido juez Claudio Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, concluyó: Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución”. Pasadas las 10.30, la titular del Senado dio inicio a una exposición que tendió, entre otras cosas, a mostrar que la causa por supuestas irregularidades en la compraventa de dólar futuro al final de su mandato fue en realidad un armado electoral para allanar la llegada de Mauricio Macri al poder: Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese Gobierno ganara las elecciones”, afirmó, y los acusó también de ser responsables del endeudamiento. Me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentarle a los jubilados porque tenemos deudas hasta acá”, agregó.

Recordó que la denuncia que dio origen a la causa fue presentada por los jefes de bloques legislativos de Cambiemos, Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), entre la primera vuelta electoral y el ballottage en el que la población tuvo que decidir entre Macri y el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli. El 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central. ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”, continuó Fernández, para luego hacer hincapié en que eso ocurrió cinco días antes de la segunda vuelta electoral.

Señaló además que no hubo entre los suscriptores de contratos de dólar futuro ningún amigo” de su Gobierno, sino que los que se beneficiaron con esos contratos y con la posterior devaluación provocada por la gestión de Macri fueron amigos del ex mandatario y ex funcionarios, como Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Marcos Peña y ex dueño de Farmacity. Como los demás imputados que expusieron después, CFK invocó el peritaje que ordenó el Tribunal Oral Federal 1 y que el juez Bonadio se había negado a hacer durante la causa, en el cual los peritos de la Corte Suprema constataron que en aquella operatoria no había existido un perjuicio para el Estado nacional.

Para los fiscales fue un discurso violento”

A su turno, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé pidió ayer que se avance hacia el juicio oral y público. El funcionario judicial consideró que es en esa etapa donde se puede interrogar a los peritos que hicieron el estudio sobre si los contratos de venta de dólar a futuro causaron un perjuicio al Estado Nacional o no. El representante del Ministerio Público le respondió también CFK: No interesa quién es el beneficiado con una malversación de caudales.

También habría que ver si no estamos en un tipo penal en grado de tentativa”, afirmó. En tanto, la Asociación Argentina de Fiscales expresó su profunda preocupación” por los niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes”, durante la declaración de la vicepresidenta en la causa dólar futuro. Sin una justicia independiente, cada habitante queda a merced del inconmensurable poder del Estado e indefenso contra la corrupción, la ilegalidad, la injusticia”, resaltó en un comunicado.

El escrito fue firmado por el presidente de la Asociación, Marcelo Varona Quintián, el vicepresidente primero, Walter Fernández, y el Secretario General Matías Michienzi.

«La Asociación Argentina de Fiscales expresa la profunda preocupación sobre una serie de acontecimientos, todos vinculados entre si, que ponen en evidencia una planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos», subrayó.