En otro capítulo de la saga vinculada al conflicto por la modalidad de las clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la principal coalición opositora remarcó sus críticas a la suspensión de la presencialidad en las aulas.
«La decisión unilateral del Presidente de la Nación Alberto Fernández de suspender las clases presenciales en el AMBA deja en evidencia su desvalorización absoluta por la educación y sobre todo una enorme lejanía de la situación social, familiar, emocional y económica que atraviesan nuestros niños y jóvenes en todo el país, que afectan de manera mucho más profunda al 60% que se encuentra en situación de pobreza», advirtió la coalición opositora.
En el comunicado, Juntos por el Cambio alertó que «si los niños y niñas tienen que afrontar otro año sin escuela, los efectos seguirán haciendo estragos en las próximas generaciones» y en el «futuro de la Argentina».
«Le pedimos a las jurisdicciones que aporten certidumbre a las familias y dicten las medidas necesarias para garantizar la presencialidad cuidada y así evitar esta tragedia educativa a la que nos está arrastrando el Gobierno Nacional», dispararon.
En el documento, señalaron que la emergencia sanitaria que atraviesa el país «no puede ser una excusa para vulnerar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes».
En ese sentido, consideraron que «la educación debe ser esencial y que no puede estar sujeta a las decisiones arbitrarias de un gobierno que toma medidas sumamente improvisadas y sin rigor científico que perjudican el presente y el futuro de toda la sociedad».
«La falta de datos del Ministerio de Educación de la Nación y la lentitud de las jurisdicciones para garantizar la presencialidad escolar son realmente preocupantes», resaltaron, y puntualizaron que el problema no está solamente en el AMBA, el epicentro de la controversia, sino que se replica en el 36% del país que «no tiene educación presencial», según un estudio de Eco Educativo.
También citan datos de Unicef que estimó que durante el 2020 se perdieron «un millón y medio de alumnos que no volvieron a la escuela». «Ese millón y medio de jóvenes no volvió a intentarlo ni se les ofreció una alternativa, fueron simplemente descartados del sistema. Es que en nuestro país uno de cada cinco alumnos de primaria no tiene acceso a internet en sus hogares y se estima que el 78% sólo tiene como dispositivo el celular, una situación agravada porque muchas veces no pueden acceder a datos, lo que los deja sin posibilidad real de aprender», señalaron.
Sobre los riesgos conlleva la asistencia a las aulas, indicaron que fue el propio ministro de Educación, Nicolás Trotta quien hace pocos días informó que desde que comenzaron las clases presenciales solamente se contagió el 0.16% de los alumnos y el 1.03% de docentes, directivos y personal no docente.
La presencialidad de las clases enfrenta al Gobierno nacional y al Gobierno de la Ciudad, que enarbolan criterios y datos diferentes a la hora de defender o cuestionar la asistencia de alumnos y docentes a las escuelas.
Sorpresivamente, Alberto Fernández firmó días atrás un decreto que suspendía desde el lunes pasado las clases presenciales, ante lo cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta llevó el reclamo a la Corte Suprema para que defina el desenlace.
En el medio, dos organizaciones no gubernamentales cercanas al Gobierno porteño presentaron un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires y obtuvieron un fallo favorable en la noche del domingo, habilitando las clases presenciales.
Rodríguez Larreta se aferró a ese fallo para anunciar que las escuelas estarían abiertas al día siguiente, promesa que cumplió, pero el martes hubo un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal, una instancia superior, que revisó la anterior resolución al sostener que el tribunal porteño no tenía competencia para actuar en la materia.
Ante este escenario confuso, el Gobierno de la Ciudad resolvió desconocer el fallo de la Justicia Federal y anunció que las aulas estarán abiertas hasta tanto se expida la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo. Por esta decisión, el alcalde porteño fue denunciado por el delito de desobediencia civil, sedición y atentado contra la salud pública.
