A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se expida en relación a la apelación presentada por el legislador en uso de licencia, Aurelio García Elorrio, contra la implementación en nuestra provincia de la ley nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), distintas organizaciones y activistas feministas exigieron una respuesta con perspectiva de género.
En concreto, las agrupaciones que integran la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba, junto a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, solicitaron ayer una resolución por parte del Alto Cuerpo con celeridad y perspectiva de género, con especial resguardo de los derechos de niñas y adolescentes, y también teniendo en cuenta los estándares internacionales y la evidencia científica disponible”.
A través de un comunicado, también destacaron como un avance importantísimo para la marea verde que la Justicia provincial haya rechazado la medida cautelar, garantizando así que el derecho a la IVE siga vigente en nuestra provincia”. A la espera de lo que decida el máximo tribunal de justicia de la provincia, sostuvieron que «sería inadmisible suspender la aplicación de una ley nacional por vía cautelar”.
Además, desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba afirmaron: Estamos logrando que se abran servicios de atención de ILE e IVE en más hospitales y centros de salud de distintas localidades y comunas de Córdoba. Trabajamos para que las prácticas en salud sean cada vez más amorosas y de calidad”.
Por su parte, la abogada Mayca Balaguer, integrante de Fundeps, rescató en diálogo con la periodista Consuelo Cabral que los argumentos presentados por García Elorrio ya han sido desestimados por la Justicia de distintas provincias e incluso en el Congreso cuando finalmente se aprobó la ley.
El mencionado parlamentario en uso de licencia y referente de la organización Portal de Belén presentó el 13 de abril pasado un recurso de amparo en nombre propio, en contra del gobierno de Córdoba ante la Cámara Contencioso Administrativa número 1. En el escrito, exigió que se declare inconstitucional el programa puesto en marcha por la Provincia, a través del Ministerio de Salud, para la realización de abortos (ley. 27.610), y por lo tanto se declaren nulos e inaplicables por contrarios a la Constitución Nacional y Provincial.
En respuesta, la Justicia provincial rechazó la medida cautelar interpuesta por García Elorrio. Ahora, debe pronunciarse el TSJ.
