El juez federal Luis Armella dispuso ayer la intervención judicial de la empresa Labpax, encargada de llevar adelante los testeos para la detección de coronavirus a pasajeros que ingresan desde el exterior del país en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Según ordenó, la medida se concretará con técnicos de la Universidad Nacional de Avellaneda, que a partir de hoy van a controlar cómo se realizan esos controles en la principal estación aérea del país.
Ocurre que Labpax ya sumó varias denuncias, no solo en la Justicia de Lomas de Zamora sino que ahora se incluyó otra por presunto lavado de dinero: todas apuntan contra los dueños de la firma y a la ministra de Salud, Carla Vizzotti.
Las acusaciones apuntan a la contratación de esta empresa con pocos antecedentes y creada en diciembre de 2020, cuando se reabrieron los aeropuertos.
La sede del Aeropuerto de Ezeiza y la de Palermo de Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) fueron allanadas el miércoles último por la Policía Federal, en el marco de una investigación por las sospechas en la contratación de la empresa que realiza hisopados a personas que vienen del extranjero. Fue la cartera de Salud quien pidió a la justicia que investigue el accionar del centro médico encargado de testear a los pasajeros.
Todo nació por una investigación periodística del diario La Nación, donde se expuso que el negocio por el cual un pasajero que ingresa se hace un testeo rápido por un valor de 2.500 pesos se entregó a esa empresa en poder de dos monotributistas que no tienen antecedentes en esa área.
Este jueves llegó la respuesta oficial del Ministerio de Salud con respecto a esta polémica y marcó una posición clara: Es responsabilidad de las autoridades aeroportuarias y del concesionario aeroportuario”, aclaró la directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies, durante una conferencia de prensa compartida con la ministra de Vizzotti. Como Ministerio no hemos tenido ninguna injerencia en las contrataciones de ningún prestador”, agregó.
