Los Gobiernos de la Argentina y México llamaron hoy a consultas a sus embajadores en la República de Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, respectivamente, en medio de las «preocupantes acciones políticas-legales» llevadas a cabo por la administración del presidente Daniel Ortega.
La decisión diplomática fue anunciada por las administraciones de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, en una declaración conjunta en la que ambos países expresaron su «preocupación» por las «acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses».
En el comunicado conjunto, difundido esta tarde por el Palacio San Martín, se exhorta además a respetar el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, en línea con la postura que ambos países mantuvieron días atrás, cuando se abstuvieron de votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución contra el gobierno de Daniel Ortega.
En ese sentido, el documento reitera la «disposición plena» de la Argentina y México «para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de Derecho y todos los derechos humanos».
Asimismo, afirma que «la Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión».
Un quinto aspirante a la presidencia de Nicaragua en las elecciones de noviembre fue detenido anoche por presuntos delitos contra la soberanía, informó la policía de ese país, con lo que ya son 17 los opositores encarcelados en una ola de arrestos lanzada este mes.
Miguel Mora, quien también es periodista, fue detenido en su casa por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares», dijo la policía en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.
Como los demás arrestos del mes, el de Mora se realizó en virtud de una ley de seguridad que el Gobierno del presidente Daniel Ortega aplica a opositores y que ha sido duramente criticada.
El comunicador era precandidato a la presidencia por el evangélico Partido de Renovación Democrática (PRD) al que el tribunal electoral le quitó la personalidad jurídica en mayo, dejándolo fuera de participar en las elecciones del 7 de noviembre.
Con Mora son 17 los opositores detenidos y el quinto precandidato a la presidencia bajo arresto a cinco meses de las elecciones generales, en las que no se descarta que Ortega, de 75 años y con 14 consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato sucesivo.
La redada policial contra opositores inició el pasado 2 de junio con el arresto domiciliar de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, de 67 años, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Argentina y México vienen mostrando una postura común sobre la situación en Nicaragua y el 15 de junio pasado expresaron la «preocupación» compartida «por los acontecimientos ocurridos» en ese país centroamericano y especialmente por «la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral reciba el reconocimiento internacional apropiado».
En un comunicado conjunto, que coincidió con la abstención de ambos países en la OEA a una condena contra la administración nicaragüense, se aclaró que la postura de los Gobiernos argentino y mexicano nace del compromiso «con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales».
Ese mismo día, la mayoría de los Estados miembros de la OEA condenó la serie de arrestos de opositores en Nicaragua, a meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en una reunión virtual que aprobó exigir la «liberación inmediata» de los detenidos.
«Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta», advirtieron Argentina y México según el texto difundido, en esa oportunidad, por Cancillería argentina.
En ese comunicado, ambos países explicaron además por qué no acompañaron la resolución en la OEA, al declararse en desacuerdo con «los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia», una postura sobre la que ambas naciones volvieron a insistir en la declaración de hoy.
No obstante, en aquella oportunidad, los Gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador agradecieron el «esfuerzo negociador de algunos Estados miembros» y exhortaron a «restablecer el diálogo interamericano».
Finalmente, confiaron en que la situación «será superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos».
Cuatro días antes de que la Argentina se abstuviera junto a México de votar en la OEA una resolución contra Managua, el canciller argentino, Felipe Solá, había enviado una carta dirigida a su par nicaragüense, Denis Moncada, en la que le transmitió la «profunda preocupación» de la Casa Rosada por la situación en Nicaragua en el marco de la crisis generada a partir de la reforma electoral del régimen de mayo pasado «y muy especialmente luego de la detención de prominentes figuras políticas de la oposición».
«Instamos a que se reconsidere la situación de representantes de expresiones políticas de oposición que se encuentran bajo arresto. Su inmediata liberación y la restitución de sus derechos políticos son un paso que contribuirá a que el proceso electoral que se desarrolla en su país reciba el apropiado reconocimiento y acompañamiento internacional», había señalado Solá en su misiva.
