El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, adelantó que estudia la posibilidad de requerir que la quiebra del Correo Argentino S.A. se extienda a la empresa Socma, por ser su firma controlante. El anuncio implica una profundización del conflicto abierto con la empresa emblemática de la familia Macri luego de que el ex presidente denunciara una persecución política en su contra con esta causa.
En declaraciones radiales, el jefe de los abogados del Estado habló sobre la quiebra declarada el lunes por la justicia comercial, luego de 20 años del concurso de acreedores de la empresa postal. Me pongo muy contento por la declaración de quiebra. Esta gente ha demostrado mucha capacidad para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. Simplemente estoy interesado en recuperar los 300.000.000 de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”, señaló Zannini, quien explicó que desde ahora el síndico (de la quiebra) tiene que elaborar un informe con plazo hasta el 1 de noviembre y aconsejar a la jueza (Marta Cirulli) la extensión de la quiebra a Socma”, que es la firma controlante y holding de la familia Macri. También, anticipó que la intención del organismo que encabeza es proceder en ese sentido.
Si bien en general la quiebra de una sociedad no se extiende a sus accionistas, la ley establece casos en los que sí: por ejemplo, cuando hay una confusión de patrimonios” entre las dos sociedades y cuando la sociedad controlante realizó actos en su interés personal” y dispuso de los bienes en fraude a los acreedores. La extensión de la quiebra a Socma busca obligar a la familia Macri a responder con sus bienes a la deuda que mantiene con el Estado por la gestión del Correo, al entender que hubo un vaciamiento” de esta firma –según sus propias fuentes tiene 10.000.000 de dólares de plazos fijos-.
El lunes, la Justicia comercial decretó la quiebra de la emblemática firma tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al afirmar que la oferta realizada por la compañía postal solo representa el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa, pero no abarcaba el valor actual de la misma”. En su última propuesta, Correo Argentino había ofrecido pagar 1.000 millones de pesos por una deuda que según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal podría ser de hasta 70.000 millones de pesos. Ayer, los abogados del grupo Socma anunciaron que apelarán el fallo de la jueza en lo Civil y Comercial Marta Cirulli.
Los fiscales denuncian presiones
La Asociación de Fiscales salió a respaldar ayer a la fiscal a cargo de la causa por la quiebra del Correo Argentino, Gabriela Boquín, al exhortar a toda la dirigencia política” para que guarde una prudencia especial” a la hora de criticar a funcionarios judiciales y cuestionar las acusaciones mediáticas” de la que fue objeto por parte del ex presidente Mauricio Macri.
La fiscal (…) Boquín fue destinataria de acusaciones mediáticas por una supuesta persecución judicial a un referente político, ataque que sólo tiene la intención de desacreditar su tarea”, advirtió el comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, entre otros; donde sostiene que este tipo de agresiones mediáticas improcedentes, que se vienen profundizando desde hace tiempo” constituyen una intolerable injerencia que afecta directamente la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.
JxC acusa una persecución a Macri
Los presidentes de los partidos que forman Juntos por el Cambio (JxC) criticaron duramente ayer el fallo que decretó la quiebra de Correo Argentino y lo atribuyeron a cuestiones políticas”.
Las presiones del Gobierno y la falta de carácter de la jueza (Marta) Cirulli llevaron a una decisión injustificable desde el punto de vista del derecho, que pone en riesgo las bases de la justicia comercial en la Argentina. Si una empresa puede ser empujada a la quiebra solo por la voluntad de un Gobierno ¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?”, afirmaron Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC-Ari).
Repudiamos la persecución a Mauricio Macri, denunciamos el uso partidista que hace de su cargo Zannini y lamentamos otra señal de las instituciones argentinas en contra de la inversión y el Estado de Derecho”, agregaron.
