La Coalición Cívica denunció a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la Administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont por los delitos de «encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública», por haber desistido de la querella en la causa en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y al ex jefe de la AFIP Ricardo Etchegaray, por supuesta defraudación al Estado.
En la denuncia se describe la presunta trama de vinculaciones económicas de la ex presidenta con Cristóbal López y cómo fue organizado el supuesto «plan de impunidad» para los empresarios denunciados.
La presentación judicial recuerda que el Gobierno nacional envió el año pasado una ley de moratoria que incluyó a Oil Combustibles, y que para la oposición había sido una ley «a la medida» de esa empresa.
Según el escrito, De Sousa había estado en la Quinta de Olivos una semana antes, y una vez aprobada la norma en el Congreso, Oil adhirió al régimen de moratoria. .
La secuencia finalizó un año después con el Gobierno nacional retirándose de la querella que había impulsado la gestión de Cambiemos, basándose, entre otros fundamentos, en la ley de moratoria.
La denuncia fue presentado por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade en un texto de 30 hojas.
Allí dan cuenta de una supuesta «una vinculación política y de negocios» entre la entonces presidenta y el empresario de firmas petroleras y mediáticas.
En respuesta al planteo de los dirigentes de la fuerza que lidera Elisa Carrió, en un comunicado la Afip tildó de falsas” a las declaraciones realizadas por distintos opositores sobre la excepcionalidad de esta moratoria”.
Todas las moratorias aprobadas por el Congreso de la Nación entre 2001 y 2021 admitieron la regularización del impuesto a los combustibles, salvo en el plan de facilidades de pago ofrecido en 2016”, agregó el organismo.
Y sostuvo que tampoco hay excepcionalidad en la admisión a las moratorias de empresas quebradas. Al respecto, la Afip sostuvo que la adhesión de empresas quebradas es una característica repetida en todas las moratorias aprobadas por el Congreso a lo largo de las últimas dos décadas”.