El senador nacional Luis Juez presentó ayer una denuncia penal en la Justicia Federal de Córdoba en la que solicitó que se investigue a Marcelo Rodio, en su carácter de ex secretario de Transporte de la Municipalidad en la gestión de Martín Llaryora (hoy ocupa ese cargo, pero en la Provincia); y a Eduardo Ramírez y Emilio Monzón, autoridades de la firma Ersa, por el presunto uso irregular de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte de nuestra ciudad. En contrapartida, el intendente Daniel Passerini Passerini pidió que la causa se extienda e incluya a la administración municipal del propio Juez en el período 2003-2007.
Lo concreto es que según el escrito difundido a la prensa, el senador ahora alineado políticamente con el presidente Javier Milei consideró que hubo defraudación al Estado nacional, durante la última gestión de Llaryora. “Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa Ersa, esta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado Nacional”, explicó Juez.
En realidad, lo que la denuncia plantea es que Ersa en diciembre de 2022 –cuando ya tenía severos problemas en la prestación– traspasó líneas a Tamse por un acuerdo entre ambas prestatarias, y que siguió percibiendo los subsidios por esas líneas, cuando esos recursos nacionales deberían haber ido a Tamse.
Al respecto, Juez dijo que Ersa “se quedaba” con subsidios por un valor de “$ 28.000 millones”. “Unos $ 30 millones por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y recaudaba Ersa, se hace un promedio de $ 1.500 millones. Y lo prestaba con choferes, vehículos y la recaudación se la llevaba una empresa privada”, detalló.
Los hechos denunciados habrían ocurrido durante el último año de la gestión municipal de Llaryora y, de ser comprobados, supondrían un perjuicio para el Estado municipal (propietario de Tamse) más que para las arcas nacionales. En la actualidad, ya no hay subsidios nacionales al transporte y tampoco existe Ersa como prestataria del transporte urbano.
Sobre los hechos, Juez reveló que el 2 de diciembre de 2022, se suscribió un “acuerdo de colaboración”, entre la empresa municipal Tamse (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) y la compañía Ersa Urbano S.A. “Desde el 23 de diciembre de 2013 y por el término de 10 años (período hoy ya vencido), se adjudicó por la Municipalidad de Córdoba a la empresa Ersa la explotación del servicio público de transporte urbano de pasajeros, en una serie de líneas diagramadas por el municipio, identificadas como grupo tres de la correspondiente licitación”, detalló.
Luego, agregó que el 2 de diciembre de 2022, mediante el “mentado acuerdo de colaboración”, se convino que la prestación del servicio de las líneas 600, 601, 53, 54 y Aerobus fueran ejecutado por Tamse “por el período de tres meses, prorrogable por 12 meses más”.
“Tal prestación no implicaba cesión o transferencia del contrato obtenido en 2013, y solo establece la ejecución del servicio por Tamse, con su propio personal y colectivos”, aclaró Juez.
Allí, entonces, la denuncia profundiza el núcleo de la sospecha: “En un aspecto que afecta al erario de la Municipalidad de Córdoba, las recaudaciones del servicio tomado por Tamse fueron recibidas directamente por Ersa y se reintegraban a Tamse, cada 35 días, cuestión que, por su vil dispendio financiero en épocas de inflación galopante, será denunciada ante la Justicia Penal de la Provincia de Córdoba”.
Advierten por la mano de Bermúdez en una interna con Rodio
Minutos antes de la presentación de Juez, la Municipalidad de Córdoba había pedido una investigación sobre el manejo de los subsidios que abarcara hasta la intendencia del propio Juez. La medida, se dijo, fue por instrucción del intendente Daniel Passerini.
“Este sistema se puso en marcha en el año 2003, cuando Luis Juez era el Intendente de la ciudad, y Néstor Kirchner el Presidente de la Nación”, indicó un comunicado en el que el municipio informó sobre esa presentación. Y, agregó: “Debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa”.
Luego, el secretario de Gobierno, Fiscalización y Control municipal, Rodrigo Fernández, explicó que Passerini ordenó realizar esa presentación preventiva luego de escuchar que Juez anunció que realizaría una denuncia. En los hechos, el municipio solicitó una ampliación de denuncia antes de que se presente la denuncia penal.
Sobre el particular, Fernández insistió en que la presentación de Juez es política y en que “al senador le pasaron mala información”. Recalcó que el hecho denunciado supuestamente surgiría de un convenio entre dos empresas, y que el municipio es el primer interesado en que se esclarezca “todo el manejo de subsidios, desde el momento de la puesta en marcha del sistema, que en Córdoba estuvo en manos de Juez”.
Desde el Palacio 6 de Julio consideran que la denuncia tiene vinculación con la salida de Gabriel Bermúdez de la Secretaría de Transporte tras una denuncia por acoso sexual realizada por una empleada. Bermúdez mantenía una disputa personal y funcional con Marcelo Rodio y además ingresó a la política de la mano de Juez, en 2003, justamente en el área de Transporte, donde estuvo muy vinculado al proceso de puesta en marcha de la empresa Tamse.
