Mientras el Gobierno insiste en la criminalización de la protesta social, crecen las advertencias de entidades vinculadas a la comunicación por las agresiones sufridas por periodistas y trabajadores de prensa en la cobertura de las movilizaciones en el Congreso de la Nación.
“El momento más crítico se registró el jueves 1 de febrero cuando el accionar de las fuerzas de seguridad afectó a varios periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos”, advirtió Fopea, que consideró que “la cobertura in situ durante una protesta social resulta indispensable para reflejar lo que sucede” y “los periodistas conocen los riesgos y procuran minimizarlos, pero proteger su función y su integridad física es responsabilidad ineludible de las autoridades”.
En el mismo tono se pronunciaron la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (Ata), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (Arpa) y la Academia Nacional de Periodismo, entre otras. “Hechos como estos ponen en riesgo la vida de las personas y afectan y amenazan a la libertad de prensa”, señalaron Ata y Arpa.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo policial al considerar que “no hubo ningún incidente grave”, a la vez que advirtió que no dejará de actuar “por miedo a un muerto”. Por su parte, el Gobierno porteño presentó una denuncia penal para que se investiguen los destrozos registrados en las inmediaciones al Congreso el viernes, tras la aprobación de la Ley ómnibus, y dijo que “los desmanes implican un costo de 106.890.000 de pesos” y que “vamos a hacerles pagar a los vándalos y delincuentes”.
