Un grupo de legisladoras del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba y de la UCR se reunió ayer con el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López. En el encuentro, se acordó compatibilizar los proyectos presentados este año para la aprobación en la Legislatura de Córdoba de la ley de ficha limpia antes de que finalice el presente año.
Por el oficialismo estuvieron presentes las legisladoras Julieta Rinaldi e Iliana Quaglino, además de Victoria Busso y María del Rosario Acevedo (quienes participaron de manera remota); mientras que por el radicalismo fue Brenda Austin.
Durante dicho cónclave, las autoras de las propuestas repasaron el alcance de los dos proyectos y entre otros puntos, coincidieron con López en que la ley impida la candidatura a cargos electivos provinciales de aquellas personas que tengan condena en segunda instancia.
La UCR sumó el pedido para que este impedimento no sólo sea para cargos electivos sino también que alcance a funcionarios provinciales, ya sean ministros y secretarios, que integren la administración pública. El oficialismo aceptó sumar la incorporación. Pero además, dieron un paso más y resolvieron también acordar qué delitos alcanzará esta iniciativa.
“La decisión del Gobierno es sancionar la ley en el presente período legislativo”, se informó desde el Centro Cívico.
Reunión positiva
Rinaldi, una de las cuatro autoras del proyecto oficialista, calificó como “positiva” la reunión, ya que aseguró que se acordaron los puntos principales para que el tema sea debatido en el recinto. “Llegamos a consensuar un proyecto que contempla la segunda instancia, el doble conforme. No sólo es un impedimento para cargos electivos sino también para funcionarios provinciales, por ejemplo, para no dejar afuera a los ministros; y para delitos dolosos con pena privativa de la libertad. Es la columna vertebral del proyecto y donde vamos a llegar a un acuerdo en comisión y será sancionada en la última sesión del año (27 de diciembre)”, dijo Rinaldi en diálogo con el diario La Voz del Interior.
También puso el acento en la decisión política del gobierno provincial en avanzar sobre el tema. “Esta es la voluntad política del gobernador Martín Llaryora, en donde nos apuntó, a través del ministro de Justicia, en seguir adelante con este proyecto, trabajarlo en comisiones, sancionarlo y llegar a un acuerdo con los diferentes bloques. Obviamente, que este paso hace crecer la institucionalidad y hace que Córdoba esté mejor como sociedad”, resumió.
La radical Austin, quien es autora del proyecto que impulsa la oposición y que retomó la presentación en años anteriores del ex legislador Marcelo Cossar, también calificó como “positiva” la reunión, y rescató la posibilidad de sumar el planteo de la UCR para que la normativa también sea un freno para los funcionarios públicos que tengan condena en segunda instancia.
De esta forma, la radical dijo que Córdoba podría seguir la línea de otras provincias, como Chubut, que incorporó más impedimentos a los cargos no sólo electivos sino de la administración pública.
“Trabajamos en los tres puntos que contemplaban las iniciativas originales. Lo primero es a qué instancia de delito, donde hubo acuerdo es en tomar el criterio de lo que se está trabajando a nivel nacional y en algunos de los proyectos anteriores, que es el doble conforme, o sea sentencia condenatoria en segunda instancia. Luego se habló en relación de los delitos. Se tomará el criterio de incluir todos los delitos dolosos de pena privativa de la libertad, delitos graves y dolosos, comprendidos tanto en Código Penal como en las leyes especiales. Y en el tercer punto se abordó acerca de a quiénes alcanzará la inhabilitación”, describió Austin.
Respecto de este último tema, dijo que se acordó analizar en comisión el alcance para que se limite a los funcionarios públicos. “Esto sería similar a Mendoza y Chubut. Lo planteé en la reunión y en principio han accedido para que también se alcance a la figura de los funcionarios públicos sin distinción de la jerarquía del cargo. Por lo que se estaría acordando un proyecto de ficha limpia que sea con sentencia en segunda instancia a todos los delitos dolosos con penas privativas de la libertad y que alcanzaría a cargos no sólo electivos, como legisladores, intendentes y gobernador y partidarios, sino también a funcionarios públicos”, insistió la legisladora radical.
Tras esta reunión, en comisión de la Legislatura se espera que se reactive el debate con invitados especialistas en el tema, previo a su tratamiento en el recinto, donde podría darse una aprobación por unanimidad en la última sesión de diciembre.
Sólo el 3% de las localidades de Córdoba cuenta con ficha limpia en sus municipios
En nuestra provincia hay 13 municipios de un total de 427 que ya cuentan con una ordenanza de ficha limpia. Es decir, la imposibilidad de acceder a cargos públicos a personas condenadas. Solo el 3% de las localidades prohíben a personas con condenas penales acceder a cargos públicos, incluso con sentencia de primera instancia.
Se destacan las seis principales, entre ellas Córdoba Capital, Villa María, Villa Carlos Paz, Río Cuarto, La Calera y San Francisco, la tierra natal del gobernador Martín Llaryora. Hasta diciembre del año pasado, únicamente contaban con la legislación en sus municipios Pilar, Jesús María, Anisacate, Almafuerte, Villa de Soto, Villa del Rosario, Alta Gracia, Mendiolaza, La Cruz, Bell Ville, Adelia María, Villa Giardino y Tancacha.
