En la segunda reunión conjunta de las comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General que se llevó a cabo ayer en la Legislatura cordobesa, el oficialismo de Hacemos por Córdoba avanzó en el tratamiento del proyecto de ley que establece las nuevas atribuciones previstas para el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
En la oportunidad, los parlamentarios oficialistas explicaron algunos detalles de las modificaciones, como habilitar que -en caso de que el vocal de la minoría entre en licencia- pueda designar a un secretario. Además de respetar el texto del proyecto, pero aumentar los artículos para una mejor comprensión.
El radicalismo no concurrió y volvió a pedir que la iniciativa sea retirada por considerar que se trata de un “golpe institucional”. Desde Encuentro Vecinal insistieron en consultar por qué algunas erogaciones, como gastos en combustible y pasajes aéreos, ya no deberán ser rendidas a este cuerpo.
Por parte de la oposición participaron los dos legisladores de Encuentro Vecinal, Álvaro Zamora Consigli y Amelia Moscoso, que fueron los más críticos al consultar cuáles fueron los criterios para excluir la rendición de gastos de combustible y pasajes aéreos, subsidios y partidas de salud, y por qué se buscará que el vocal de la minoría pueda designar un secretario en su reemplazo en caso de una ausencia prolongada, cuando se tratan por Constitución Provincial de miembros electos por el voto popular, reveló el diario La Voz del Interior.
Desde esta bancada también cuestionaron el artículo 50 que establece que el Tribunal de Cuentas podrá aceptar como comprobantes pruebas indirectas, como fotografías, certificaciones de personal, evidencia testimonial, entre otros. Zamora solicitó que esta práctica de rendición sea solo de manera excepcional.
Sobre el particular, Julieta Rinaldi, presidenta de la comisión de Legislación General, expresó en el debate que se tomarán las sugerencias de este bloque opositor, y reiteró que no se trata de un proyecto que apunte a restar posibilidades de control de los gastos públicos, sino de agilizar el mecanismo.
Junto con Nadia Fernández fundamentaron que la rendición de gastos contemplada en el artículo 50 es para agilizar presentaciones. Y dieron como ejemplo una obra de cloacas que -por inconvenientes en el recupero de las facturas- se debió recurrir a las imágenes y a la verificación de las obras.
“Hemos trabajado en revisar el articulado, en darle técnica parlamentaria, también algunas cuestiones para que queden plasmadas en una buena ley. En caso de una ausencia, lo hemos evaluado siempre para lograr agilidad, nosotros damos fe que se controla todo”, dijo Rinaldi.
“Las mayoría de estas modificaciones ya están en funcionamiento a través de la resolución, por lo que se quiere plasmarlo en ley, no es nada nuevo ni sacado de la galera”, insistió Fernández.
A lo que se sumó el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, quien dijo reconocer la participación en la comisión de los legisladores de la oposición Zamora Consigli, Moscoso, además de Silvia Paleo (Juntos por el Cambio) y Noelia Agüero (Izquierda Socialista-FIT Unidad), y cuestionó la asistencia del resto de las bancadas opositoras.
Críticas de la oposición
En esta reunión asistieron los vocales electos que integrarán la mayoría en el tribunal, los juecistas María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, los que solicitaron la palabra, la que fue rechazada porque no se había oficializado por escrito el pedido de participación. “Se trata de una reunión para legisladores y asesores”, se informó.
Una vez finalizada la comisión, los vocales opositores, que tendrán la mayoría del tribunal, cuestionaron al oficialismo por no dejarlos participar y reiteraron que se trata de un proyecto que recorta las posibilidades de control.
“Nos constituimos en la Legislatura de Córdoba donde se estaba tratando el proyecto de ley que tiene por finalidad terminar con los controles que ejerce el Tribunal de Cuentas porque se trata de una ley que avalan Schiaretti y Llaryora y que tiene como objetivo que no se controlen más los gastos de los funcionarios públicos. Es decir, lo que hacen con los dineros públicos, los dineros de todos nosotros”, dijo Corvalán.
“Quieren que no controlemos más, así que queríamos expresar nuestra voluntad en contra de este proyecto de ley y no nos dejaron participar, no pudimos hablar, no nos dejaron decir todas estas cuestiones que estamos en contra de esta ley porque vulneran los derechos de todos los cordobeses de saber en qué se gasta, cómo se gasta, cuáles son los precios a los cuales se está comprando. Esto es un reflejo más de cómo está Córdoba, cómo está bajando la vara institucional”, insistió.
Leiva también expresó: “En defensa de la voluntad popular quisimos manifestar nuestro repudio y rechazo a este proyecto de ley que tiene como único objetivo eliminar el control del gasto público del próximo gobernador y sus ministros. Los cordobeses eligieron a la oposición para que controle cada centavo del dinero público, pero no nos dejaron hablar aduciendo que no estábamos autorizados para emitir opinión”.
Se espera que en las próximas horas, el oficialismo convoque a una nueva reunión de comisión para emitir un despacho por mayoría, el que ingresará mañana para su aprobación en el recinto. Se tratará de una sesión maratónica porque, además, se tratarán el Presupuesto 2024 -en doble lectura- y la creación de la agencia provincial del agro.
