La sesión especial de la Cámara de Diputados concluyó en la mañana de ayer tras 22 horas de debate seguidos con un balance más bien amargo para el oficialismo, ya que si bien logró que se aprobara el proyecto para declarar como “Servicio Estratégico Esencial” a la educación, al mismo tiempo la oposición logró imponerse con la iniciativa que aumenta el presupuesto para las universidades públicas, que cubre la inflación desconocida por el Gobierno en el ajuste a la educación superior.
En efecto, con el voto favorable de los bloques de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Unión por la Patria, la Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto que garantiza el financiamiento para las universidades públicas. La iniciativa obliga al Gobierno a actualizar y garantizar las partidas presupuestarias para cubrir tanto los gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades, como la actualización de los salarios docentes y no-docentes desde diciembre de 2023 en base a la inflación oficial, a la vez que establece un mecanismo para el aumento mensual de las partidas siguiendo al índice inflacionario que elabora el Indec.
La propuesta fue rechazada por La Libertad Avanza y el PRO, ya que el Gobierno considera que altera su objetivo de “déficit cero”, aunque difícilmente logre frenarla en el Senado, donde está en franca minoría. Ocurre que la iniciativa aprobada fue impulsada por la UCR y EF, con el respaldo de UxP, que logró meter un artículo para subsanar el retraso salarial de los trabajadores. “Financiamiento de las universidades es un título mentiroso”, aseveró Blanca Osuna (UxP), quien argumentó que “la educación superior es un derecho, un derecho no transable, un derecho humano y es un bien social”. La entrerriana señaló que el presupuesto destinado al pago de salarios sufrió “caídas que oscilan entre el 40 y el 30%” con el Gobierno de Milei.
“Hoy un docente universitario cobra exactamente la mitad de lo que cobraba en diciembre de 2015. Desde ese año perdimos con (Mauricio) Macri, perdimos con Alberto (Fernández) y nos hundimos con (Javier) Milei. La caída salarial de este tiempo es la más importante de los 40 años de democracia; esta situación en la que estamos hoy en las universidades es peor que la hiperinflación en el ‘89 y peor que en 2001”, detalló a su turno el diputado Pablo Carro, también docente universitario.
Sin embargo, si bien todo indica que la iniciativa será refrendada por el Senado, también quedará a tiro de un veto presidencial, como ya amenazó Milei con toda iniciativa que trastoque su esquema fiscal. Por lo pronto, el Consejo Interuniversitario Nacional –máximo órgano de representación de las universidades- expresó su “satisfacción por la media sanción del proyecto” y reconoció “el responsable trabajo de legisladoras y legisladores que permitió dar este sustancial paso para todo el sistema universitario nacional”. “Este trabajo legislativo es un enorme reconocimiento a las universidades nacionales y da cuenta de lo que las comunidades universitarias, las representaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles, el CIN y el país todo reclamó a lo largo de todo el año: la necesidad de un sistema universitario fuerte al servicio de la Nación, un presupuesto para funcionar, salarios dignos para una universidad de excelencia y becas dignas para nuestros estudiantes”, agregó el organismo formado por los rectores, quienes se pusieron “a disposición de la Honorable Cámara de Senadores” y pidieron “el tratamiento urgente para que el proyecto (…) se convierta en ley rápidamente”.
Avanza la educación como servicio esencial
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de ayer el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
La iniciativa declara a la educación como “servicio esencial” en todos los niveles y modalidades comprendidas en edad escolar y establece que el Estado nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo, incluso en los días que haya medidas de acción directa como paros o huelgas docentes y no docentes.
Para esos casos, las autoridades deberán establecer un sistema de “guardias mínimas obligatorias”. Concretamente, establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia “del 30% de docentes y no docentes”.
