El acompañamiento del Estado argentino en los juicios de lesa humanidad que se siguen en el exterior quedó evidenciado esta semana tanto en Alemania como en Italia, donde el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, viajó para colaborar en las causas contra los genocidas que aún no pudieron ser juzgados en el país.
Desde la subsecretaría de Protección y Enlace Internacional de la secretaría, Andrea Pochak explicó a Télam que «la concepción del Estado argentino es que vamos a perseguir justicia hasta el último lugar», en referencia a los juicios que se siguen en el exterior, los que definió como «casos excepcionales contra represores que no han podido ser juzgados en la Argentina» en muchos casos porque «se profugaron».
Varios de esos casos cuentan con «pedidos de extradición denegados» por tener «ciudadanía de esos países», según explicó.
Esta semana en Italia, Pietragalla Corti participó de la primera audiencia en el marco del juicio que se le sigue al exmilitar uruguayo Jorge Troccoli, ya condenado por los crímenes del Plan Cóndor durante la dictadura, y acusado ahora por los homicidios del argentino José Potenza y su pareja Rafaela Filipazzi.
«En esta audiencia de admisión de pruebas, que tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad, el Estado argentino además se presentó como querellante, a instancias de la Secretaría de Derechos Humanos», explicó el funcionario argentino en su cuenta de Twitter.
El próximo 27 de septiembre el tribunal italiano definirá el calendario del juicio contra el represor que, según se estima, comenzará en enero. Ese día también resolverá si acepta o no que se constituyan las distintas querellas.
En Italia, se siguen además otros dos procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina: el pedido de extradición del excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi y la causa contra el exmilitar Carlos Luis Malatto.
Para Jorge Iturburu, titular de la agrupación italiana 24 marzo Onlus, destacó «la decisión política del gobierno argentino de participar activamente de los juicios» y que esto se traduce en que «la Argentina refuerza su política exterior en materia de derechos humanos».
«También empieza a intervenir en juicios en forma directa, como por ejemplo en Italia, donde se presentó esta semana como querellante en la causa que investiga el homicidio del argentino José Agustín Potenza, y de su pareja Rafaela Filipazzi», indicó.
Pietragalla Corti también estuvo esta semana en Berlín, donde se reunió con el fiscal general Dirk Feuerberg, para «trasmitirle la voluntad del Estado argentino de impulsar la investigación que se sigue en ese país contra el exmarino Luis Kyburg», según contó en Twitter.
«Kyburg, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Naval de Mar del Plata, está prófugo de la justicia desde 2013 y actualmente reside en Berlín, de donde no puede ser extraditado por ser ciudadano alemán», explicó.
El secretario remarcó que «desde hace años, la secretaría de Derechos Humanos viene dando impulso a esta investigación» y aseguró que «también brinda apoyo a familiares y sobrevivientes, a quienes asiste ante la justicia argentina e incluso ante la alemana, donde ya dieron declaración testimonial entre 2021 y 2022».
Por su parte, Pochak recordó a Télam que «hace varios años, cuando en la Argentina había impunidad, los juicios de lesa en el exterior fueron fundamentales, ya que no se podían realizar aquí».
«Luego, con los años y el proceso de justicia que se abrió en nuestro país, fueron pocos los casos de genocidas que quedaron sin juzgar en el país», en particular como consecuencia de que varios militares «se profugaron», y se instalaron en países donde algunos obtuvieron la ciudadanía.
Frente a esto, «Argentina impulsó la extradición de los que estaban en el exterior pero, en los últimos años, muchas fueron denegadas», explicó.
«Por eso, se los juzga en esos países ahora», debido a que el derecho internacional indica que si los responsables «no son extraditados, los países tienen la obligación de juzgarlos; y eso es lo que está pasando en Italia, y en Alemania», amplió.
Consultada sobre la totalidad de causas abiertas en el exterior, Pochak citó las tres de Italia: «El juicio contra (Jorge) Troccoli, un uruguayo condenado en el marco del Plan Cóndor, pero donde el jueves pasado comenzó un nuevo juicio contra él por otros hechos, como el asesinato de Potenza y su esposa» y donde «el Estado argentino es querellante».
Una segunda causa, en Italia, es la que se sigue contra (el sacerdote Franco) Reverberi, sobre quien pesa el pedido de extradición, «que se había rechazado en un primer momento, y por eso impulsábamos el juicio allá, pero ahora la Corte italiana revocó el rechazo de la extradición, con lo cual aún no está dicha la última palabra», explicó Pochak.
Y el tercer caso que se sigue en ese país es el de Malatto «que esta impulsando la asociación 24 marzo Onlus y donde el Estado argentino aportó pruebas y se presentó como parte en la investigación».
«No hay juicio todavía, a diferencia de Troccoli. En el caso de Malatto, estamos en una etapa preliminar», añadió.
En cuanto al proceso abierto en Berlín contra Kyburg, la funcionaria explicó que «entre 2017 y 2018 se descubre que el prófugo está en Alemania y que tiene ciudadanía allí pero el país denegó la extradición. En el 2019 un grupo de familiares acompañado por una asociación de derechos humanos de Europa solicita que se lo juzgue allí, y se abre una investigación. En esa causa, desde el Estado argentino, también se está manifestando el interés».
Otro caso en el exterior que sigue con detenimiento el gobierno argentino son el juicio contra el represor Aníbal Gauto en Israel por crímenes que cometió en La Plata: «En ese caso, estamos intentando reflotar además un nuevo pedido de extradición», dijo.
En Brasil, hay un caso referido al represor Roberto Oscar González, que integró la patota que secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh.
Recientemente, en Estados Unidos, el exmarino Roberto Guillermo Bravo fue condenado a indemnizar con US$27 millones a familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew, en un juicio donde por primera vez se analizó la responsabilidad del exmilitar en la ejecución de 16 presos políticos.
