La Legislatura de Córdoba aprobó el miércoles pasado por mayoría el proyecto de ley del Ejecutivo provincial que adhirió a la ley nacional que impulsa el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi) y que incorporó beneficios extras para Córdoba. El oficialismo aseguró que se tratará de “otra herramienta” para potenciar la generación de empleo, mientras que desde el arco opositor se cuestionó la falta de debate y se lo calificó como “un cheque en blanco”.
Casi a la medianoche y tras varias horas de debate, el PJ logró imponerse en el recinto con el apoyo de 32 votos propios (Matías Chamorro se abstuvo) y con el acompañamiento de Karina Bruno (PRO-monobloque); del libertario Agustín Spaccesi, quien presentó un proyecto en adhesión a la ley nacional; del liberal Gregorio Hernández Maqueda (también autor de una iniciativa sobre el régimen); de los tres parlamentarios del PRO y la radical Graciela Bisotto.
El arco opositor de Juntos por el Cambio presentó un proyecto alternativo también con la creación de un nuevo régimen de incentivos que no consiguió los votos necesarios. Desde el juecismo y la UCR aclararon que sí habían acompañaron la adhesión al proyecto del Rigi, aunque con rechazos en particular al artículo 3 sobre la delegación de facultades al Ejecutivo.
La posición del oficialismo
Desde el oficialismo, el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres; junto con el titular del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano; y el justicialista Leonardo Limia, entre otros, apuntaron en la defensa del proyecto -conocido como el Rigi cordobés- a la posibilidad de la generación de nuevos incentivos que le permitan “rápidamente al gobierno provincial” avanzar en proyectos que generen empleo.
“Hemos decidido adherir a la ley nacional de Rigi, pero además mejorar la posibilidad de dar empleo, mejorar cualquier oferta. Por eso es adherir, pero también genera mayores motivaciones o incentivos para que el capital venga a Córdoba y se instale”, aseguró Siciliano.
Respecto de las críticas del arco opositor al calificar a la iniciativa como “un cheque en blanco sin control del Estado provincial, cuestionó la postura de rechazo “por el rechazo mismo”. “Es ya normal el rechazo de Juntos por el Cambio, ya no me asombra que algunos legisladores de la oposición rechacen. De qué cheque en blanco hablan cuando se fomentan las inversiones para que venga el capital privado”, insistió antes del debate.
“De Loredo y Juez votaron a favor del Rigi, pero acá la hipocresía. Acá sus legisladores están en contra. Muestran esta incoherencia. Tienen doble vara porque se oponen a todos”, dijo Siciliano ya en el recinto.
Limia también advirtió que esta iniciativa “no se trata de una desesperación” por parte del gobierno provincial, sino que es una herramienta para que el gobernador pueda trabajar en mejorar empleo y la calidad de vida”. El justicialista Ricardo Sosa aseguró que se tratará de un “proyecto superador” a la ley nacional con “mayor competitividad para la provincia”. “Permite desarrollar una infraestructura complementaria, más capacitación de la mano de obra, es un Rigi plus”, dijo.
La postura de la oposición
Desde el arco opositor, el interbloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto alternativo y cuestionó “la urgencia” en abrir el debate de una iniciativa sobre tablas. También se insistió desde la UCR que se incorporen temas que se pueden ver afectados, por ejemplo, el turismo y el medio ambiente, reveló el diario La Voz del Interior.
“El Rigi de Llaryora busca ser un cheque en blanco con la delegación de facultades para determinar quienes serán los beneficiarios de estos millonarios incentivos. No puede una norma, que dará beneficios por 30 años con estabilidad fiscal y normativa, quedar en manos de una sola persona”, expresó la radical Brenda Austin.
“A este tema le falta especificidad, debate… es necesario apelar y dar marcha atrás porque no tuvo la discusión que se merece. Estamos beneficiando empresas por 30 años, sin resguardo. Esto merece la discusión, por eso defendemos que se discuta en comisión”, dijo el radical Fernando Luna.
“Es sumamente importante el Rigi, pero adónde quedó la posibilidad de análisis. Por qué esto lo sacan rápido, queremos colaborar”, sumó el radical Gustavo Botasso, en un pedido que reiteraron en el recinto otros compañeros de su bancada.
Walter Nostrala, presidente del Frente Cívico, se mostró a favor de trabajar en los incentivos, aunque cuestionó las formas. “Si era importante el tema, por qué lo tratan sobre tablas, cuál es el motivo para no enriquecer el debate, salvo que haya una cuestión oscura… “.
La legisladora de la izquierda Luciana Echevarría fue una de las más duras al advertir de las consecuencias ambientales y de impacto que causará la aprobación del llamado Rigi cordobés. “Esto es un cheque en blanco. Esto no tiene nada de bueno para la población. Esto viene de la ley bases, y nada bueno viene de ahí. Y ahora aparece Llaryora ofreciendo más, acá se omite lo ambiental, evaluaciones de impacto…”, expresó.
También en la misma línea, el justicialista disidente Federico Alesandri se manifestó en duros términos. “Esto es un papelón con este semejante cheque en blanco. Una ley arbitraria, que ni el presidente Milei se animó a tanto, pero le pongamos un filtro, tengamos en cuenta el impacto en lo social, el ambiente, el turismo… Ni Schiaretti se animó tanto. Estoy de acuerdo con las inversiones, pero cuidemos a la gente”, dijo.
El opositor Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) dijo estar a favor de las inversiones, aunque también cuestionó la urgencia en el tratamiento. “Lo tratan como si fueran cuestiones efímeras, cuando es una ley con una perspectiva a 30 años… Cuál es el apuro, no sería más lógico que nos tomemos el tiempo para tomar decisiones”, señaló.
El libertario Spaccesi, quien fue uno de los autores del pedido de adhesión al Rigi, se mostró en línea con la aprobación del oficialismo y se convirtió en una pieza clave para que el PJ motorizara el proyecto.
“Con este proyecto instamos a la Provincia, a las municipalidades y comunas a que ofrezcan mejores condiciones para atraer empresas inversoras, a que vean en nuestro territorio el potencial para generen producción y así más trabajo”, remarcó.
Qué dice el artículo
En el primer artículo plantea la adhesión de Córdoba al RIGI, mientras que el segundo punto establece “beneficios de estabilidad fiscal”, mientras que el tercer ítem habilita al Gobierno provincial “a incrementar los incentivos para grandes inversiones, así como desarrollar y ejecutar obras de infraestructura complementarias, y financiar programas para capacitación y nuevos puestos de trabajo”.
Este fue el punto más cuestionado por la oposición por considerarlo carente de detalles y con amplias facultades para el Ejecutivo. Los últimos tres artículos fijaron la invitación a los municipios a participar, la reglamentación, y la forma de la normativa.
