El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles de forma transitoria en la frontera norte del país, en el marco del “Operativo Roca” que busca reforzar la vigilancia en la zona junto a la Gendarmería. La noticia se conoció a partir de “órdenes reservadas” que reveló el diario Clarín, emitidas por el ministro de Defensa, Luis Petri, que también permiten a los militares portar armas de carga durante los patrullajes “en situaciones de potencial peligro”.
“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, dice uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 del ministro Petri.
Las “reglas de empeñamiento” son órdenes que se imparten a las tropas cuando se movilizan ante una amenaza, abarcando desde el comportamiento público de los efectivos hasta la detención de civiles, el uso de armas y la respuesta en enfrentamientos. La resolución ministerial busca “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, se indicó.
El ministro Petri defendió la medida argumentando que “de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”.
Sin embargo, la medida suscitó preocupación y críticas: exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy señalaron que estas “reglas de empeñamiento” colisionan con las leyes vigentes. Mandos militares también manifestaron una “prudente preocupación”, no tanto por eventuales ataques de narcotraficantes o contrabandistas, sino por la posibilidad de juicios derivados de accidentes con vehículos en provincias como Salta y Jujuy.
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