El titular del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, el juecista Beltrán Corvalán, acusó al Gobierno provincial de faltar a la verdad en relación a la demora en el pago de proveedores. “No es verdad que el Tribunal de Cuentas esté generando la máxima demora posible en los procesos de compras o licitaciones y que por esa razón numerosas áreas tienen proyectos paralizados”, aseguró la máxima autoridad del órgano de control provincial.
El comunicado responde a las acusaciones que se realizan por lo bajo desde la administración del gobernador Martín Llaryora, en las que se señala a Beltrán Corvalán como el principal opositor y responsable de las demoras que se suceden en los pagos que efectúa la Provincia. Cabe destacar que la inculpación nunca fue realizada de forma oficial, pero sí recae habitualmente sobre referentes y funcionarios del peronismo cordobés.
Ahora, Beltrán Corvalán no solo negó esas acusaciones, sino que redobló la apuesta y acusó al Ministro de Economía y Gestión Pública de la Provincia de negarle “los permisos de acceso al sistema informático para revisar si los gastos cumplen con las normas legales y contables, permisos que en la composición anterior del tribunal tenían todos los empleados afectados a esas tareas”.
Además, en el comunicado se asegura que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas ha sido impugnada judicialmente y que se espera “una resolución favorable sobre su inconstitucionalidad”, pero incluso las imputaciones que hacen van más allá porque se sostiene que “la conducta del ministro podría configurar el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, la que de corroborarse será denunciada a la Justicia”.
Ante las versiones de que desde el Tribunal de Cuentas provincial se busca entorpecer el funcionamiento del Gobierno, generando problemas a intendentes, jefes comunales y empresas de servicios que no pueden percibir los dineros gestionados, Beltrán Corvalán sostuvo, en cambio, que el Gobierno de Llaryora quiere “evitar que controlemos la legalidad de los gastos del gobierno y que esos gastos se aprueben por el mero paso del tiempo”. En tanto, desde la Provincia no se han expresado hasta ahora de manera oficial.
