El diputado nacional y referente del radicalismo cordobés, Rodrigo de Loredo, intensificó ayer sus cuestionamientos hacia la gestión del gobernador Martín Llaryora, especialmente por el aumento en el impuesto Inmobiliario. Según De Loredo, estos incrementos, que en algunos casos “superan el 1.000%”, están “fundiendo a los comercios y a las pymes” y “confiscando bienes del sector privado”.
Al respecto, afirmó que este salto impositivo «es el más grande en décadas en la provincia». Además, el legislador nacional advirtió que Llaryora ya incorporó a 5.000 nuevos empleados en planta permanente.
De Loredo no solo cuestionó el aumento del impuesto, sino también la metodología utilizada para calcularlo, denunciando un “coeficiente tramposo y oscuro” que nadie entiende, ni siquiera los legisladores. Además, criticó que el gobierno de Córdoba mantenga un alto nivel de gasto público, con 14 ministerios y 10 agencias, mientras la administración nacional «se ha reducido».
Sobre el aumento del Inmobiliario en Córdoba, De Loredo lo describió, en diálogo con los medios de comunicación, como “el aumento inmobiliario más grande que ha tenido la provincia de Córdoba en décadas”. Lo consideró “impagable” y “confiscatorio”, afirmando que “literalmente funde algunos comercios”.
El diputado nacional también se refirió al diferimiento de pago en el Inmobiliario Rural como una respuesta improvisada del Gobierno ante la magnitud del problema. Lo calificó de “ridículo” y una “joda”, ya que simplemente acumula la deuda con intereses.
Ante esta situación, De Loredo anunció que sus legisladores presentarán un proyecto de ley para “poner un tope” a los aumentos en el Inmobiliario. Asimismo, adelantó que se judicializará el coeficiente aplicado por el gobierno por considerarlo “inconstitucional y confiscatorio”.
De Loredo indicó que la inflación proyectada para este año es del 30% anual, mientras que el gobierno provincial dice haber aumentado el impuesto Inmobiliario un 170% en promedio, lo cual entendió como una trampa ya que los incrementos reales que están viendo los vecinos son aún mayores. “Quieren hacer una caja”, sostuvo. “Todavía no se ha tomado dimensión de lo que se ha hecho con este ‘zarpazo’”, insistió el radical.
Por su parte, aprovechó para arremeter contra Llaryora por la falta de austeridad de su gobierno, comparándolo con la política de ajuste de Milei. “Mientras el gobierno nacional tuvo que reducir de 18 ministerios a 8, el Gobernador aumentó y mantiene una cartera de 14 ministros y 10 agencias. Mientras en el gobierno nacional tuvo que reducir el empleo público en 37.000 empleados, el Gobernador pasó a planta permanente a 5.000 empleados”, repasó De Loredo.
El Gobierno de Córdoba aseguró que el radical «engaña a la ciudadanía con datos falsos»
El Gobierno de Córdoba desmintió «categóricamente las afirmaciones falsas» difundidas en distintos medios de comunicación por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien sostiene que la actual gestión ha incorporado a 5.000 empleados a planta permanente.
«Si bien el gobierno está acostumbrado a escuchar información falsa del diputado, sus dichos del día de hoy (por la víspera) son de suma gravedad institucional», consideró la administración de Martín Llaryora en un comunicado. «Esta información brindada por el diputado nacional es absolutamente incorrecta», alertó el Panal.
A continuación, afirmó: «Dada su investidura y el rol de representación que ejerce ante la sociedad, el diputado De Loredo tiene la responsabilidad de brindar información veraz y no engañar a la ciudadanía con datos falsos».
Inmobiliario Rural: permiten diferir los aumentos en cuotas sin interés
En medio de la polémica por el incremento en el impuesto Inmobiliario Rural 2025, la Provincia anunció que los inmuebles cuyo aumento supere el 172,5% (exceptuando mejoras) podrán diferir del tributo la diferencia que se obtenga al compararlo con el cedulón de 2024.
Además, detalló que el diferimiento se podrá abonar en cuotas sin interés y que se contemplarán diferimientos del 100% del impuesto 2025 si los propietarios acreditan “dificultades económicas” para cumplir con la obligación.
La decisión fue comunicada a través del decreto 19 publicado en el Boletín Oficial, donde se detalló que dicho diferimiento alcanzará a los inmuebles cuyo aumento supere el 172,5%, exceptuando los casos en los que el impacto resulte de mejoras incorporadas.
El monto a diferir será el resultante de la comparación entre el impuesto de 2024 y el de 2025. Se podrá cumplir en un pago, o en cuotas sin interés. El decreto establece como fecha límite de pago el 30 de enero de 2026.
Aquellos propietarios de inmuebles que acrediten dificultades económicas y/o financieras mediante una declaración jurada podrán acceder a un diferimiento total del impuesto Inmobiliario Rural 2025. Los casos serán evaluados por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria.
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