Un documento oficial planteó una serie de cambios legislativos que alcanzan a la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Bosques, además de una propuesta para que Argentina adhiera al convenio internacional UPOV 91 sobre propiedad intelectual de semillas.
Según el texto, la Ley 26.737 (Ley de Tierras), que limita la adquisición de campos productivos por parte de extranjeros, actúa como un “obstáculo” para la inversión. La propuesta plantea liberar la compra por privados extranjeros, mientras que los entes estatales extranjeros seguirán requiriendo autorización previa, con el fin de “preservar los intereses estratégicos y la seguridad nacional”.
Cambios y ajustes
El documento también señaló que las modificaciones de 2020 en la Ley 26.815 (Manejo del Fuego) generan restricciones desproporcionadas, ya que impiden cambiar el uso productivo de un campo durante 30 a 60 años después de un incendio, incluso si fue accidental. Por esto, propone derogar los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater, y restituir la redacción previa incorporada por la Ley 27.353.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que estas reformas formarán parte del paquete que se enviará al Congreso y que algunas serán tratadas en sesiones extraordinarias. Adorni afirmó que los cambios apuntan a “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”.
La Ley 26.331 (Ley de Bosques) también aparece entre las normas a modificar. La iniciativa propone que solo los desmontes o manejos sostenibles en categorías roja (I) y amarilla (II) requieran autorización previa, mientras que en las áreas verdes (III) bastará con una notificación a la autoridad de aplicación. El objetivo es agilizar trámites y permitir un aprovechamiento “sostenible” donde el impacto ambiental es menor.
El paquete recomienda que Argentina adhiera al convenio UPOV 91, que otorga mayores derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades vegetales. El texto sostiene que el acuerdo fortalecería la innovación y abriría acceso a mercados biotecnológicos.
Críticas
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, cuestionó la iniciativa al considerar que implica una “flexibilización ambiental”. Recordó que en 2020 se registraron más de 900 mil hectáreas incendiadas y sostuvo que las restricciones vigentes buscan frenar incendios intencionales asociados a emprendimientos inmobiliarios. También advirtió que los cambios podrían vulnerar el principio de no regresividad ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú y en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
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